El 28 de enero el Ministerio de Minas y Petróleo inició un proceso histórico en el Ecuador, con la reversión al estado de 587 concesiones mineras. El segundo capítulo se dio el 18 de abril, cuando 95 de los 130 asambleístas aprobaron la extinción de 4 274 concesiones. Al explicar la lógica tras el Mandato Minero, el asambleísta Norman Wray dijo que la Ley de Minería vigente y las leyes Trole 1 y 2 son ejemplos “de cómo se eliminaron las causales de grave daño ambiental para declarar la caducidad de las concesiones”. Añadió que “2 millones 867 hectáreas mineras estaban concesionadas, una locura, y no había cómo hacer nada, porque la ley lo impedía”.1
Las comunidades afectadas por la minería, junto con organismos de derechos humanos y ambientalistas, han recibido el Mandato con una mezcla de agrado y cautela, debido al abierto apoyo del presidente Rafael Correa a la actividad. Por su parte, las empresas y la Cámara de Minería pronostican consecuencias tétricas para el país, entre otras, la huída de la inversión extranjera, pese a los esfuerzos del jefe de estado de tranquilizar a los inversionistas mediante la permanente descalificación de la oposición, que tacha de “infantil”, “fundamentalista” y “radical”.
En esta última caracterización el economista Correa tiene razón porque, como nos enseñó Isaac Newton, a cada acción se opone una reacción igual y opuesta. El carácter radical de la resistencia refleja el de la minería: de todas las actividades extractivistas, ésta es la que produce las secuelas más masivas y duraderas en cuanto a sus impactos en la naturaleza. Las consecuencias sociales y económicas son igualmente radicales para las comunidades condenadas a convivir con ellas.
La naturaleza: rompecabezas para desarmar
Al publicarse el Mandato Minero, una hincha del sector diseminó por Internet una serie de críticas.2 Entre otros argumentos, afirmaba que “hasta ahora las empresas han respetado mucho más allá de las normas”. Dos días después, se publicaron los resultados, emitidos por el Departamento Ambiental del Municipio de Guayaquil, del análisis de muestras de los ríos Gala, Chico, Tenguel y Siete, en la parroquia Tenguel, en Guayas, donde llegan cantidades alarmantes de sustancias tóxicas producidas por la minería de oro en la parroquia Ponce Enríquez, en Azuay. El mercurio y el arsénico, por ejemplo, están presentes en el río Gala en niveles 24,14 y 12,5 veces, respectivamente, sobre los límites permitidos, mientras sus concentraciones en el río Siete son de cincuenta y 14,58 veces las permitidas.3
Los proponentes de la actividad afirman que esto es el producto de la minería artesanal. Insisten en que las mineras industriales aplican tecnologías de punta que hacen posible la minería “limpia”, “responsable” y “sustentable”. Si la minería es tan benigna y beneficiosa, cabe preguntar, ¿por qué las empresas hasta ahora no nos pueden enseñar una mina que no haya destruido la naturaleza y contaminado el agua a su alrededor? Y, ¿por qué, desde Canadá hasta Patagonia, pasando por los Estados Unidos, los habitantes de comunidades afectadas o amenazadas se han organizado para exigir que las empresas se vayan? Que nos expliquen, además, por qué solo nos llegan ejemplos como estos: en el Perú, el proyecto minero Yanacocha ha destruido lagunas, ríos y suelos en la zona agrícola y ganadera de Cajamarca; en Argentina y Chile, centenares de vinicultores han abandonado sus terrenos porque la minería ocupa toda el agua; en Chuquiña, Bolivia, una minera adquirió las tierras comunales de los campesinos que solían dedicarse a la producción ovina.4
Las empresas no nos han llevado a minas sustentables porque no existen. La sustentabilidad se refiere al uso racional de recursos renovables a fin de asegurar el aprovechamiento de futuras generaciones. Los minerales no se renuevan; se agotan.
Por otro lado, de que puede haber minería más o menos responsable, no cabe duda. Sin embargo, la minería a gran escala, tanto la “responsable” como la “irresponsable”, lejos de “limpia” es, según un consultor minero, “un asalto al ambiente físico, cultural y económico” por su propia naturaleza.5 Y esto se debe, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, a que “sus productos no son renovables; no existe flexibilidad en términos de su ubicación; y, en mucho casos, los daños son irreversibles”.6
Los impactos masivos de la minería se deben, además, al tamaño masivo de los proyectos. La mina de cobre a cielo abierto que Ecuacorriente (ECSA) propone abrir en la cordillera del Cóndor tendría las siguientes características: el hoyo cubriría 108 hectáreas, con una profundidad de 150 metros; el área para el almacenamiento de escombros ocuparía 123 hectáreas; la piscina de relaves, 368 hectáreas; la planta de beneficio, veinte hectáreas; las vías de acceso y puentes, 17,6 hectáreas. En total, las instalaciones de la mina Condor Mirador ocuparían 641 hectáreas.7 La mina se ubicaría en uno de los sitios de mayor diversidad biológica en el mundo. De hecho, muchas concesiones mineras en el Ecuador se encuentran en zonas de bosques de altísima diversidad, en donde existen además especies endémicas y amenazadas.
No obstante, ECSA afirma, en su campaña publicitaria, que los daños serán mínimos porque llevará a cabo una minería “responsable a cielo abierto” mediante un proceso “amistoso con el medio ambiente, porque posibilita recuperar el área intervenida, cuidando, reproduciendo y trasladando especies vegetales y animales”. “Una vez concluida la operación minera”, asegura, “la zona se abrirá al ecoturismo”.8 ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la minera almacenará la fauna y flora en zoológicos e invernaderos durante los treinta años en que estará en producción la mina? ¿Que uno de los ecosistemas más complejos del planeta no es más que un rompecabezas que la empresa puede desarmar y armar a su antojo?
Los minerales se agotan
Para que creamos este y otros cuentos, los departamentos publicitarios de las empresas mineras esperan inculcar en el público una fe ciega en la tecnología de punta. Lo que no mencionan es que dicha tecnología no se inventó para minimizar los impactos en la naturaleza sino para explotar cantidades de minerales cada vez menores. Porque la innegable verdad es que los minerales se están agotando. Al iniciar la minería cuprífera a escala industrial en el siglo XIX, se podían encontrar reservas en donde más del 50% de la mena –la roca donde se encuentran los minerales– era cobre. Hoy, en el yacimiento conocido como Junín, en la zona de Íntag, cantón Cotacachi, uno de los más ricos del mundo, el contenido de cobre es apenas el 0,7%. Esto quiere decir que más del 99% del yacimiento consiste en desechos que contienen sustancias tóxicas, entre otras, plomo, arsénico, cadmio y azufre. Este último, al estar expuesto a la humedad, se convierte en ácido sulfúrico, responsable del drenaje ácido, esto es, la filtración de elementos tóxicos a las fuentes de agua. Lo que es más, para sacar las partículas de mineral valioso se utiliza un proceso llamado flotación, en donde se trata el polvo de roca con reactivos químicos, como el cianuro o el mercurio. Los desechos, o relaves, quedan en el sitio y, tarde o temprano, los elementos tóxicos llegan al aire, el agua y el suelo.
Las minas cerradas de los Estados Unidos, algunas hace más de un siglo, siguen contaminando, y el estado, o sea la ciudadanía mediante sus impuestos, asume los costos de su rehabilitación. ¿Quién vigilará las minas cerradas en Ecuador? ¿Quién se responsabilizará por los impactos del drenaje ácido? ECSA se congratula por haber comprometido una garantía para rehabilitar el área de su proyecto El Mirador. Según un estudio publicado en 1998, la rehabilitación de una mina cuesta, como mínimo, 5,05 dólares por tonelada de mena procesada, y puede llegar a 67,60 dólares.9 La remediación requerida al explotar las 347 millones de toneladas de mena de El Mirador costaría entre 1,75 y 23,45 mil millones de dólares. Con los 2,5 millones que ECSA afirma que dedicará a este fin, muy poco se va a rehabilitar.
Ganándose a las comunidades
Hasta el momento, las comunidades ecuatorianas no han experimentado los impactos ambientales de la minería metálica industrial porque los proyectos están en fase de exploración. Sin embargo, los impactos sociales se sienten con fuerza en comunidades, como en las de Íntag, por la presencia de las empresas. Desde hace más de una década, la amenaza minera y la resistencia a la actividad han sido factores permanentes en la vida diaria de los y las inteñas. La empresa Ascendant Copper, que accedió a las concesiones en 2004, fue especialmente torpe en sus intentos de convencer a la gente de concederle la “licencia social”. Contrató como relacionador comunitario al general (r) César Villacís, obligado a salir de las Fuerzas Armadas por acusaciones de tráfico de influencias.10 En una asamblea, Villacís acusó al alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña, de haber ordenado al líder antiminero Polibio Pérez que lo mate [a él, a Villacís].11 La empresa además financió la organización “de base” fundada por el ex diputado Ronald Andrade, implicado en la matanza de cuatro personas en 2007 y con nexos con el narcotraficante convicto Óscar Caranqui. El propósito de la organización: comprar y/o deslegitimar a los gobiernos locales y organizaciones antimineras, y crear un nuevo cantón en reemplazo al Municipio de Cotacachi.12 Mediante Villacís y Andrade, la empresa ofrecía casas, proyectos productivos, carreteras, centros de salud, escuelas y hasta una universidad. Al fracasar el intento de convencer a los pobladores por las buenas, Ascendant implementó otra estrategia: la compra de conciencias, la división de comunidades, la adquisición ilegal de terrenos13 y la intimidación mediante juicios en contra de cuarenta personas. Todo esto tampoco dio resultados. Así que una subcontratista de la empresa contrató a cerca de sesenta paramilitares para entrar a la fuerza. Cuando fotos de los uniformados apuntando sus armas a la gente desarmada de Junín dieron la vuelta al mundo, los portavoces de Ascendant juraron a los medios que los guardias eran “consultores agrícolas”.14
La mentira no queda casa adentro
En su estudio de impactos ambientales y sociales para el área minera en Íntag, la empresa Bishimetals, la primera en la zona, pronosticó deforestación masiva, daños a mamíferos y aves en peligro de extinción, contaminación de fuentes de agua, la “reubicación” de cien familias, la producción de 1 272 millones de metros cúbicos de relaves contaminados con arsénico, cobre, plomo y otras sustancias tóxicas que filtrarían en “vastos volúmenes” a las fuentes de agua, un incremento en la delincuencia y las enfermedades sexualmente transmitidas debido a la creación de un “pueblo minero” de 5 000 personas (la población de Íntag es de 13 000), y un largo etcétera.15
En vista de estos impactos radicales, se puede entender por qué los encargados de vender los proyectos mineros a las comunidades locales recurrirían a ofertas fantasiosas. Pero la mentira también figura en los intentos de las empresas de convencer a las autoridades y a la ciudadanía de las bondades de la minería. Dichos esfuerzos van más allá de las aseveraciones absurdas de campañas publicitarias como la mencionada de ECSA. En marzo, Javier Cruz Plata, director de la Cámara de Minería, dijo a los medios que las reservas de cobre, oro y otros metales son tan grandes que su valor llegaría a miles de millones de dólares y que la explotación de estos minerales daría empleo durante doscientos años.16 Según un análisis hecho por Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN), la explotación del yacimiento cuprífero de ECSA, uno de los más grandes del mundo según la empresa, duraría veintinueve años si se procesara la cantidad relativamente pequeña de 50 mil toneladas de mena por día. La concesión de Aurelian en la cordillera del Cóndor funcionaría durante unos once años si se trabaja al ritmo de la minera Yanacocha en Perú. Estos son los depósitos más grandes identificados. Es decir, a lo sumo habrá trabajo para treinta años en el sector.
¿Y los miles de millones que produciría la actividad? El valor asignado al recurso mineral del Ecuador por el presidente Correa, unos 200 mil millones de dólares, no se sustenta en estudios confiables, porque estos aún no existen. Las números proporcionados por las empresas son cálculos “inferidos”, no probados, y el propósito de las empresas al inventarlos es atraer a inversionistas. La ciudadanía merece mayor transparencia de sus gobernantes. Éstos no deben limitarse a repetir las cifras que las empresas les presentan, y sus declaraciones sobre los potenciales beneficios económicos deben acompañarse de estudios serios que los sustenten. Lo que es más, debe haber un debate profundo sobre lo que sacrificará el país si apuesta por la minería a gran escala. La minería consume –y contamina– cantidades industriales de agua, no es compatible con actividades realmente sustentables como la agricultura o el turismo, destruye grandes extensiones de vegetación natural biodiversas y sus impactos son de larga duración.
¿Qué podemos hacer?
A los “radicales” les gustaría que la Asamblea Constituyente declarase al Ecuador libre de minería a gran escala. La posición del presidente de la Asamblea, el economista Alberto Acosta, de pedir la inclusión de los derechos de la naturaleza en la nueva constitución, sugiere que está de acuerdo con los “radicales” en este punto. Aunque esto es difícil que pase, existe otra alternativa que tiene una lógica impecable: que la nueva ley minera obligue a las empresas mineras a comprobar la factibilidad de lo que no se cansan de ofrecer al pueblo ecuatoriano: una minería “limpia”, “responsable” y “amistosa con la naturaleza”.
Esto es lo que hizo el pueblo de Wisconsin, Estados Unidos, en 1998. El estatuto s.293.50, aprobado a raíz de una campaña protagonizada por agricultores, operadores de turismo, pueblos indígenas, estudiantes, amas de casa –o sea, los “radicales” de Wisconsin– requiere que la empresa que solicita permiso para explotar las reservas metálicas del estado provea ejemplos de operaciones mineras en los Estados Unidos o Canadá que no hayan tenido impactos importantes en el agua. Específicamente, la empresa minera tiene que presentar documentación de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas en los alrededores de una mina ejemplar –de una solamente– que haya funcionado durante por lo menos diez años sin causar contaminación por la fuga de metales pesados y una mina ejemplar –una, no más– que haya sido cerrada por diez años sin producir este tipo de contaminación.17
Desde que el Congreso aprobó la ley hace una década, decenas de empresas han solicitado permiso para minar en el estado. Ninguna ha podido cumplir con los requisitos de la ley. Como consecuencia, a pesar de que la minería no está prohibida, no hay minería allí. No es que la gente de Wisconsin no quiera el desarrollo, sino que entiende muy bien una verdad expresada por el economista Alberto Acosta de esta manera: depender de la “explotación de materias primas no renovables tiende a desarrollar el subdesarrollo”18
Notas:
1. Norman Wray, boletín electrónico acompañando al Mandato Minero,18 de abril de 2008.
2. Michelle Villarroel, boletín electrónico, 18 de abril de 2008.
3. El Comercio, 2008. Cuatro ríos, contaminados por la presencia de metales. 3 de mayo de 2008 (www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=189098&id_seccion=8); Ecuador Indymedia, 2008. Guayas: Alarmante contaminación en ríos de Tenguel, 23 de marzo de 2008 (ecuador.indymedia.org/es/2008/04/24885.shtml).
4. Existe una amplia bibliografía sobre los impactos de la industria minera, y varias páginas web dedicadas al tema, entre otras: www.infomineria.org, de CEDENMA; la página de MiningWatch, Canadá; la del CERLAC de York University, Canadá.
5. Al Gedicks, 1993. The New Resource Wars. Boston: South End Press, p. 61.
6. UICN, 1996. Mining in Tropical Regions, Amsterdam: UICN, p. 6.
7. ECSA, 2007. Informe balance social 2005-2006, Proyecto Minero Mirador.
8. ECSA, 2008. publicidad en Views , revista de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense, febrero.
9. The Sierra Club, 1998. Coping with disaster. Protecting Wisconsin's families and environment from mining pollution now and in the future. Mining Impact Coalition, septiembre.
10. Juan Carlos Calderón, 1997. La caída del general”. Vistazo , 7 de agosto, pp. 10-11; ----. 1997. Faraónicos proyectos a cambio de petróleo. Vistazo , 21 de agosto, pp. 6-11.
11. General lanza acusación infundada contra el alcalde, Periódico ÍNTAG 28, agosto de 2004, p. 1.
12. José Rivera, 2005. Desmanes y destrucción en el Municipio, Periódico ÍNTAG 35, mayo, pp. 1-2.
13. Informe de investigación: Presunto tráfico de tierras en la zona de Íntag, Cantón Cotacachi, CCCC, 18 de julio de 2007.
14. Diario Hoy, El 'dorado' convierte a Íntag en infierno. Blanco y Negro 427, 11 de diciembre (www.hoy.com.ec/suplemen/blan427/byn.htm); Diario del Norte, 2006. Nuevos enfrentamientos en Intag. 3 de noviembre (www.diarioelnorte.ec/2006/11/03).
15. Agencia para la Cooperación Internacional y Agencia para la Minería Metálica de Japón, 1996. Informe final sobre la exploración mineral de cooperación técnica en las Áreas de Junín y Cuellaje. marzo, pp. 82, 116, 129-134, 140.
16. El Mercurio, Cuenca, 21 de marzo de 2008.
17. Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin, 1997 Act 171: Mining Moratorium Law, dnr.wi.gov.
18. Alberto Acosta y Jürgen Schuldt, 2006. Petróleo, rentismo y subdesarrollo. ¿Una maldición sin solución?, Nueva Sociedad 204, p. 81.
