A pesar de leyes y decretos, el área de manglar ha disminuido considerablemente desde los setenta (ver mapa). Con la finalidad de probar nuevas estrategias de manejo, en 1999 se expidió el decreto ejecutivo 1 102, manifestando la voluntad del gobierno de otorgar áreas de manglar a las comunidades de usuarios a través de acuerdos de uso sustentable y custodia del manglar. La iniciativa pretendía conservar el manglar, fomentando la participación de las comunidades en el aprovechamiento de sus recursos y su manejo, otorgándoles seguridad jurídica y promoviendo el establecimiento y respeto de reglas consensuadas.
A la fecha se han otorgado más de 34 mil hectáreas de manglar a 40 asociaciones de usuarios. Los logros ya son evidentes. Se ha detenido la tala del manglar, pues los usuarios se han apropiado de su cuidado y defensa. Tras la autoimposición de vedas y tamaños mínimos de captura, hay múltiples reportes de aumentos en la cosecha de cangrejo. Las asociaciones se han empoderado como consecuencia de las concesiones, logrando reconocimiento local, aumento de miembros y acceso a crédito y proyectos.
Todavía existen conflictos, como el incumplimiento de las reglas por parte de los socios, la invasión de personas no asociadas o funcionarios corruptos que venden los productos decomisados, pero estos problemas han declinado con el tiempo. Comuneros consultados dicen de los acuerdos, “son lo mejor que nos ha pasado”.
Una medida complementaria y sin precedentes es el desalojo de más de 3 mil hectáreas de camaroneras ilegales que el ministerio de Ambiente inició en abril. Son camaroneras dentro de reservas o establecidas luego de la prohibición de 1999. Esta medida es importante por la señal de voluntad de proteger el manglar que envía.
