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Ya nadie puede negar que el cambio climático es una realidad. Y para algunos científicos este fenómeno puede convertirse en la peor catástrofe ambiental del siglo XXI. Aunque para las soluciones a este problema debemos colaborar todos, hay una responsabilidad compartida pero diferenciada entre las distintas sociedades que compartimos este planeta.
En 1973, los países industrializados fueron responsables del 62% del consumo global de energía y, aunque en 2003 este porcentaje bajó al 52%, no fue porque consumieron menos, sino porque otros países –como China– incrementaron su consumo.
El sector que más petróleo consume es el transporte, en especial el auto individual. Es decir, el principal responsable del efecto invernadero es el individuo común y corriente que tiene su auto en el mundo industrializado, y de este segmento de la sociedad deben salir las soluciones. Sin embargo, a través del Protocolo de Kyoto, se transfiere la responsabilidad de solucionar el calentamiento a los países del Sur. Los países que más gases de invernadero generan, compran derechos de carbono a países que tienen proyectos de ahorro o absorción de CO2. Es en este contexto que surge la promoción de los biocombustibles.
Los biocombustibles se obtienen de cultivos que poseen altos contenidos de azúcares que pueden ser convertidos en etanol. Algunos son la caña de azúcar, maíz, papa, remolacha, celulosa de los árboles, o cultivos oleaginosos para la producción de biodiésel, como la palma africana, la soya, el girasol, la colza, entre otros. Su ventaja es que pueden sustituir parte del consumo de combustibles fósiles tradicionales como el petróleo y el carbón.
Hasta aquí todo parece muy bien. Los países pobres siembran los llamados “cultivos energéticos” para exportarlos a las regiones del mundo con gran demanda de combustibles; así cuentan con una nueva fuente de divisas e influyen positivamente en el clima. Pero nos enfrentamos a un problema de escala: para poder suplir la voracidad de combustibles existente en Estados Unidos y Europa, se necesitan convertir grandes extensiones con cultivos energéticos, si es que la intención es tener un impacto real en el clima.
Enfrentamos entonces un problema de pérdida de soberanía alimentaria. Tierras con vocación agrícola, y que al momento son usadas para la producción de alimentos, o ecosistemas naturales, serán destinadas a la producción de cultivos para combustibles, para alimentar automóviles de todo el planeta.
En un informe de la organización Worldwatch se sostiene que para llenar el tanque de un automóvil con 25 galones de etanol se necesita una cantidad de granos suficiente para alimentar a una persona por un año. Para llenar ese tanque por dos semanas, se podría alimentar a 26 personas durante un año. En la zona maicera de Estados Unidos, las destiladoras de etanol ya consumen la mayoría del maíz producido. Sólo en Iowa se han abierto o planificado 55 nuevas plantas de este compuesto. Cuando entren todas en funcionamiento, consumirán todo el maíz de ese Estado.
Por otro lado, como todo monocultivo a gran escala, se necesitarán insumos agrícolas y mecanización, asuntos que requieren energía fósil. A esto hay que añadir la energía que se requiere para transportar la materia prima y el producto final.
Los profesores David Pimentel y Tad Patzek, de las universidades de Cornell y Berkeley, respectivamente, estudiaron el balance de energía de todos los cultivos energéticos. Ellos encontraron que, con las técnicas agrícolas actuales para la producción de los cultivos energéticos, se gasta más energía fósil que la generada por el biocombustible. Así, por cada unidad de energía fósil invertida, el retorno es 0,78 de energía de metanol de maíz; 0,64 unidades en el caso del etanol de madera y, en el peor de los casos, 0,53 unidades para el biodiésel de soya. A pesar de ello, los cultivos energéticos se siguen promocionando con fuerza en América Latina, Asia y África, a costa de nuestros ecosistemas naturales.
La soya se proyecta como una de las principales fuentes para la producción de biodiesel en América Latina, aunque los monocultivos de esta planta sean la principal causa de destrucción del bosque y la pampa húmeda en Argentina, del bosque húmedo tropical amazónico en Brasil y Bolivia, y de la Mata Atlántica en Brasil y Paraguay.
Los territorios indígenas también han sido afectados por la expansión de la soya. Los indígenas enawene nawe, en Matto Grosso, han declarado que “la soya les está matando”. Al momento sobreviven apenas 429 personas de este pueblo; su territorio ha sido reducido a la mitad y están rodeados por plantaciones de soya. Su salud está deteriorada y los niños sufren de desnutrición. Para servir al negocio de la soya, los gobiernos del Sur están construyendo represas, hidrovías, puertos y carreteras, con los consiguientes impactos sobre el ambiente. Al mismo tiempo, la expansión de la soya está afectando la salud de las poblaciones aledañas, donde los niveles de cáncer y otras enfermedades ligadas a los agrotóxicos empleados en esos monocultivos aumentan cada vez más.
La situación se agrava si consideramos que la soya sembrada en el cono Sur es transgénica, y que empresas privadas en Brasil planean lanzar al mercado variedades transgénicas de caña de azúcar para el año 2010. El rechazo a esta tecnología es generalizada en América Latina, y la expansión de cultivos para producir y exportar biocombustibles a Europa exacerbará estos conflictos.
Por otro lado, las plantaciones de caña de azúcar y la producción de etanol en Brasil son negocio de un oligopolio que utiliza trabajo esclavo. Las plantaciones de palma aceitera también se expanden a expensas de las selvas y territorios de poblaciones indígenas y otras comunidades tradicionales de Colombia, Ecuador y otros países, crecientemente orientados a la producción de biodiésel.
Preocupa que mientras la Unión Europea está desarrollando políticas para estimular el uso de biocombustibles, no haya desarrollado políticas para disminuir el uso del automóvil individual. Dado que el continente europeo no cuenta con suficiente cantidad de tierras agrícolas para suplir la demanda de sus ciudadanos, nosotros tendremos cada vez menos tierras para sembrar alimentos. Además, la Unión Europea ve como positivo exportar tecnología para producir biocombustibles; sin embargo, esto mantendrá la espiral de dependencia que tienen los países del Sur con Europa, pues tales tecnologías están patentadas y su uso implica el pago de regalías y licencias.
A más de la dependencia por un mercado europeo de exportaciones de biocombustibles producidos en América Latina, podremos enfrentar la necesidad de importar alimentos si la expansión de los cultivos energéticos es muy grande, transformando las tierras dedicadas a la producción agrícola a la producción de cultivos energéticos. Podemos enfrentar además un encarecimiento de los alimentos.
Lo que está sucediendo al momento en México puede ser aleccionador. Este país dejó de ser autosuficiente en maíz tras la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Hoy, todas las tortillas de maíz mexicanas son hechas con maíz sembrado en Estados Unidos. Debido al elevado precio del maíz en el mercado del Norte, por su uso en la elaboración de etanol, el precio de la tortilla mexicana, base fundamental de la alimentación del país azteca, se ha disparado. Este es un ejemplo del tipo de dependencias y distorsiones que se generan cuando se toman decisiones basadas en criterios que favorecen al mercado internacional, y no a la soberanía de nuestros países.
Con el plan agropecuario lanzado hace poco por el Ministerio de Agricultura, se quiere promover el cultivo de caña y palma para la producción de biocombustibles. El plan contempla un modelo de integración vertical, lo que puede crear un mayor control de los sectores económicos que tradicionalmente han dominado el sector de la caña y la palma. Se prevé una inversión de 135 millones de dólares para incrementar en 20 mil hectáreas la extensión cubierta por plama africana, y rehabilitar 30 mil hectáreas. ¿Crecerá la palma a expensas de bosques naturales y territorios indígenas?
En el caso de la caña de azúcar se prevé una inversión de 70 millones de dólares para promover su cultivo. El plan incluye aumentar 50 mil hectáreas con este cultivo, a través de crédito e innovación tecnológica. Preocupa que se está trabajando en nuevas variedades de caña genéticamente modificada en países como Brasil y Colombia, y que con argumentos de que se quiere mejorar la productividad del cultivo, se vaya a introducir estas variedades transgénicas al Ecuador.
Esto no significa que todo lo dicho se aplique al uso de aceites vegetales, bagazo de caña u otros residuos agrícolas o forestales, para abastecer las necesidades energéticas de pequeñas comunidades locales. El problema, otra vez, es la escala.
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