| La seguridad alimentaria es un concepto muy antiguo. En términos simples, significa garantizar que lo que se cultiva en nuestros campos va a poder alimentar a nuestra población. El concepto es básicamente militar, acuñado entre las grandes guerras mundiales por los líderes europeos que necesitaban asegurarse de que la población civil no pasara hambre, a pesar de que fuesen cortados todos los suministros y las importaciones alimenticias desde las líneas enemigas.
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el concepto tuvo más vigencia que nunca. A los motivos estratégicos se sumaron motivos políticos y económicos. Los estados-nación temían que si su balanza de pagos se tornaba excesivamente deficitaria y se cortaban las líneas externas de crédito, su población no pudiera subsistir. La Guerra Fría tomó esta necesidad en condición básica de supervivencia y, de hecho, los países industrializados adoptaron fuertes políticas de protección a la producción agropecuaria básica que garantizara al menos mínimas condiciones de subsistencia alimentaria en casos extremos. Francia, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos y Japón convirtieron esta política de protección agrícola en la piedra angular de su programa de desarrollo económico de largo plazo.
La lógica económica de las políticas de seguridad alimentaria señalaba que si este sector estaba adecuadamente protegido podía fácilmente generar economías de escala lo suficientemente fuertes para impulsar el desarrollo económico e industrial a gran escala. No solo eso, sino que además generaría una base ciudadana lo suficientemente solvente para consolidar los procesos democráticos en cada uno de sus países.
No se equivocaron. Las políticas de protección agrícola para los productos de consumo interno, efectivamente, generaron economías de escala y consolidaron los procesos políticos y democráticos en los países mencionados.
Pero ¿qué pasa con el resto? Los programas económicos dictados por el Consenso de Washington en los años ochenta cambiaron radicalmente la forma cómo los gobiernos debían manejar la economía. A las políticas de apertura comercial se sumaron las políticas de reducción del tamaño del Estado y eso significó, en la mayoría de los casos, el cierre de grandes programas de extensionismo agrícola, semillas y asesoría técnica al campo. En América Latina, por lo menos, el Estado poco a poco retiró sus programas de asistencia agrícola y en algunos casos de crédito productivo. El nuevo enfoque económico tuvo un resultado muy claro: el boom de la producción agrícola para exportación y la depresión de los productos agrícolas para consumo interno. A pesar de que no todos los países abrieron sus fronteras para la producción agrícola externa, el incentivo provocado por la apertura de mercados y la depresión de los precios de productos de consumo interno bastaron para generar esta crisis.
Durante los noventa esta tendencia se consolidó. La Ronda de Uruguay que dio paso al Tratado de la Organización Mundial de Comercio (OMC) restringió al máximo la posibilidad de transferir recursos del Estado hacia la producción agrícola de exportación, para impedir que se generen distorsiones de mercado. Sin embargo, los estados mantuvieron el recurso del subsidio agrícola bona fide para garantizar políticas de seguridad alimentaria. Esta excepción fue directamente negociada por los países industrializados que mantenían y mantienen aún fuertes subsidios a sus productos agrícolas estrella, bajo el argumento de que son bienes de primera necesidad para garantizar la seguridad alimentaria de su población: es el caso del maíz, trigo, cebada, leche, arroz, soya.
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