El 16 de noviembre los ecuatorianos y ecuatorianas una vez más iremos a las urnas. Esta vez para contestar varias preguntas. Una de ellas es si estamos de acuerdo con ir a una asamblea constituyente.
La asamblea constituyente tiene como objeto redactar una nueva constitución. En el discurso oficial, la constitución de Montecristi del año 2008 ha impedido combatir efectivamente al crimen organizado, es un obstáculo a la inversión, es correísta y se debe refundar al país.
Las constituciones son instrumentos jurídicos y políticos. Organizan el poder del estado, reconocen derechos y establecen mecanismos para que el poder político cumpla con esos derechos.
En Ecuador hemos redactado veinte constituciones. Cuando las miramos de cerca, en realidad hemos tenido cinco constituciones que han propuesto transformaciones importantes para la vida política y social del país. La primera es la de 1830, que fundó la república del Ecuador; la segunda es la de 1906, que consolidó el estado liberal; la de 1945, que reconoció los derechos sociales; la de 1998, que incorporó el neoliberalismo económico en el texto; y la de 2008, que reconoció la plurinacionalidad, el régimen del buen vivir y los derechos de la naturaleza. El resto de constituciones, con algunas modificaciones, solo han servido para legitimar la toma del estado por parte del gobierno de turno.
En este contexto, ¿el gobierno del presidente Noboa propone una constitución transformadora o una para legitimar la toma del estado?
No se conoce aún una propuesta de estado ni de política seria que sea diferente a la constitución que pretende reemplazar. Para contestar la pregunta, lo que tenemos de forma tangible son las propuestas normativas que el presidente ha presentado en la Asamblea Nacional, la consulta popular del año 2024 y las políticas de gobierno que ha venido ejecutando. Esas acciones nos permiten apreciar por dónde camina el gobierno y hacia dónde se dirige.
En las normas, el gobierno, junto con la Asamblea Nacional, ha expedido una retahíla de leyes de carácter económico y urgente. Normas como la de normalizar los estados de excepción sin necesidad del control de la Corte Constitucional, la de expandir el poder de vigilancia y control militar, las de control a las organizaciones de la sociedad civil o las que permiten la administración privada de parques naturales, nos demuestran la tendencia securitista y privatizadora, en desmedro de los derechos de las personas. Tres de esas leyes han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional.
En la consulta de abril de 2024, el presidente consultó, entre otras cuestiones, sobre la permisión para que las Fuerzas Armadas hagan operaciones de seguridad, la extradición por delitos de crimen organizado, el trabajo por horas, el endurecimiento de penas y el arbitraje internacional. En esas preguntas se devela, una vez más, la apuesta a la expansión del poder sancionador del Estado y esa tendencia a favorecer los intereses de las empresas privadas.
Vale mencionar que todas esas medidas expansivas de la fuerza del estado han sido ineficaces. Ecuador continúa con los más altos índices de muertes violentas en el mundo. Las masacres y muertes prevenibles en cárceles, a pesar del control militar, no han cesado. Hace pocas semanas la organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional informó documentadamente que en Ecuador existen más de treinta desapariciones forzadas por parte de las fuerzas armadas.
En las políticas, el gobierno ha promovido actividades extractivas de forma agresiva, incluso irrespetando mandatos populares, sentencias judiciales y explícitas normas constitucionales. Para muestra, mencionemos algunos ejemplos. Otorgó licencia para explotar minería a gran escala en Quimsacocha, no ha cesado la explotación de petróleo en el Yasuní y no ha tomado medidas para impedir la minería ilegal y revocar las licencias concedidas en el Chocó andino. Por otro lado, el gobierno tiene control directo de la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, la fiscalía, la contraloría y el Consejo de Participación.
Si a esto le sumamos la actitud frente a la marcha por el agua en Azuay y a las protestas durante el paro nacional, el signo que caracteriza al gobierno es la represión, la negativa a dialogar con el movimiento indígena, la estigmatización y la criminalización de la protesta.
Al parecer, el llamado a la constituyente tiene como disparador la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes de iniciativa gubernamental y la limitación de los estados de excepción por parte de la Corte Constitucional. Esto quiere decir que si el presidente tenía carta blanca para seguir expidiendo leyes y decretos inconstitucionales, no habría preguntado por ir a una constituyente.
En este panorama, el presidente Noboa tiene como proyecto jurídico adecuar la constitución a las leyes urgentes económicas que son abiertamente inconstitucionales por el déficit democrático en su elaboración y por vulnerar derechos. Es decir, busca una constitución a medida de los caprichos del gobernante.
Con lo dicho, podemos ya contestar a la pregunta inicial. La constituyente convocada por el gobierno no será transformadora. Será una constitución, como piden algunos voceros que apoyan al gobierno, semejante a la constitución de 1998. O sea, una constitución desregularizadora, que no pudo contener la peor crisis económica de la república y la salida irregular del presidente Mahuad. La constitución legitimará la toma del poder y, según vaticinan, tendrá alrededor de cien artículos.
Dentro de esos cien artículos, ¿qué normas estarían en riesgo, por ser las que han obstaculizado el ejercicio arbitrario del poder por parte del presidente Noboa?
Va una corta enumeración: las consultas populares y los derechos de la naturaleza que han frenado extractivismos, la plurinacionalidad que reconoce derechos colectivos a los pueblos indígenas, el régimen de desarrollo y del sumak kawsay que promueven un sistema económico solidario y que distribuye la riqueza, y los derechos fundamentales consagrados en cualquier democracia, como el de la confidencialidad de las comunicaciones, la responsabilidad de las fuerzas del orden ante la ley o el derecho al debido proceso, que limitan el poder punitivo del estado. Seguramente también restringirá las competencias de la Corte Constitucional que limitan al poder, y de este modo se fortalecerá aún más el hiperpresidencialismo que se critica en la actual constitución.
Ecuador es un país profundamente inequitativo, excluyente y discriminador. Requiere que los derechos y el régimen económico de la actual constitución se cumplan, no que se los borre de un plumazo. El gran problema de la constitución para los gobiernos, desde la época del correísmo hasta ahora, es que ha sido una herramienta de resistencia para los pueblos y colectivos y un obstáculo para el ejercicio arbitrario del poder
