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l 20 de agosto decidiremos si el petróleo del bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) se queda bajo tierra para siempre o fluye para aportar en su quema al calentamiento global. De ganar el SÍ, será la culminación de un largo y atribulado sueño colectivo que, como país, nos propusimos hace más de diez años. Colectivo, pues si bien la idea nació ya en los noventa del siglo pasado de grupos ambientalistas ligados al colectivo Amazonía por la Vida, y en los últimos años ha sido mantenida gracias al admirable tesón de los Yasunidos, desde que se lanzó la propuesta Yasuní-ITT en 2007, se volvió un sueño sin dueño, de toda la sociedad. Alrededor de la propuesta, el país entero se yasunizó, ese cristalino neologismo que sintetizó lo positivo, lo esperanzador, lo honrado, en contraste con el miasma autoritario y corrupto que se respiraba.
De haberse realizado la consulta que propusieron los Yasunidos y apoyamos con nuestras firmas cientos de miles de personas en 2014, la opción de dejar el petróleo en el suelo habría ganado por un amplio margen. Por eso es que los intereses petroleros y sus peones políticos fueron tan lejos, llegaron tan bajo, para evitarla. Ahora que la acertada decisión de la corte Constitucional ha dado paso a que se realice la consulta, podíamos esperar que tampoco guarden las formas. Así, se puso en marcha una agresiva campaña de propaganda en la que columnistas de opinión y los noticieros de los medio corporativos no soltaron el tema: “consulta mañosa”, “activismo judicial”, “suicidio asistido”, “desplome fiscal”, “quijotismo económico” son algunos epítetos que dan una idea del tono.
La fortaleza de los argumentos, sin embargo, no se compadece con el talante apocalíptico de las predicciones. En esta serie, revisaremos algunos de estos argumentos de los apólogos del extractivismo rentista, donde de pronto confluyen, con los mismos discursos y sentencias, acérrimos libremercadistas con Rafael Correa y sus apóstoles.
Lee aquí la primera parte.
II. El Yasuní ITT como pilar de la estabilidad fiscal
En la entrega anterior, vimos cómo las cifras que el estado y los intereses petroleros presentan como las pérdidas para el país si gana el SÍ en la consulta popular del domingo, no son consistentes y están muy infladas. Algunas de las contradictorias cifras de Petroecuador —las que ha difundido a los medios— estiman que lo que se dejaría de ganar si no se explota el remanente de las reservas del Yasuní ITT sería US$ 1200 millones anuales. Analistas y voceros que apoyan la explotación del bloque han utilizado esta cifra para propagar la idea de que renunciar a este petróleo significaría una hecatombe para el país.
Se ha equiparado la consulta a un suicidio; se ha escrito que será “nefasto” para la economía; que la ganancia del SÍ significará el fin de la dolarización y otras predicciones igual de dramáticas. Mientras tanto, otras cifras de la propia Petroecuador —los documentos que presentó a la corte constitucional— y cálculos independientes menos entusiastas, estiman que lo que recibiría el país del petróleo extraíble del ITT estaría entre los US$ 148 millones y los US$ 241 millones anuales.
Pongamos las cifras del ITT en perspectiva. Carlos Larrea, en un documento presentado a la corte Constitucional en el marco de la consideración de la consulta popular, ofrece un análisis de la participación del petróleo —de todo el petróleo que se extrae en Ecuador— en la economía, y del ITT en particular. Entre otras cosas, deja claro que las exportaciones de petróleo muestran una declinación sostenida, aún con la incorporación desde 2016 de los campos Tambococha y Tiputini: de 15 millones de barriles al mes que el Ecuador exportaba en 2015, ha pasado a exportar menos de 10 millones de barriles al mes en 2023. Los ingresos por exportación neta (es decir, las ventas de petróleo menos lo que se paga por la importación de derivados) han disminuido de mil millones de dólares al mes en 2014 a US$ 39 millones al mes en 2023, veinticinco veces menos. Del mismo modo, el aporte del petróleo a las exportaciones totales a caído del 62% en 2008 al 36% en 2022. También la participación del petróleo en los ingresos fiscales se ha reducido de un importante 39% en 2011, a tan solo 19% en 2022.
El documento menciona proyecciones de la declinación de la extracción petrolera que estiman que en 2035 estas serán solo el 48% de lo que se prevé extraer en 2024. En resumen, la extracción de petróleo en el país presenta desde hace algunos años una clara tendencia a la baja, y su participación en la economía es cada vez menor sin visos de que esto cambie, por lo que apuntalar nuestras expectativas económicas en este rubro es ilusorio e irresponsable. Esto, recordémoslo, corresponde a la totalidad de la actividad petrolera en el país.
Con respecto al ITT, Larrea cita estudios que muestran que los campos Tambococha y Tiputini ya han iniciado su declinación. Por su parte, las dos plataformas que se han abierto en Ishpingo han dado resultados decepcionantes, y el propio ministro de Energía, Fernando Santos, ha calificadoal petróleo de las primeras plataformas de ese campo como “una brea pesadísima”, inexplotable con la tecnología y la legislación actuales. Veamos la contribución de las cifras que manejan tanto los proponentes del NO como los del SÍ. En el mejor de los casos (US$ 1200 millones, asumiendo, contra evidentia, que esas sean las ganancias y que se mantendrían en el tiempo), el ITT aportaría el 3,8% del presupuesto nacional (2023). Según los cálculos más minuciosos, el aporte estaría entre el 0,5 y el 0,7% del presupuesto. En ninguno de los casos la disminución que implicaría dejar ese petróleo bajo tierra tendrá consecuencias dramáticas. Inclusive el 3,8% es menor que una variación interanual ordinaria en el presupuesto (por ejemplo, entre 2018 y 2019, el presupuesto aumento 3,5%; entre 2019 y 2020, se redujo en 11,5% y entre 2022 y 2023, se redujo en 7%), o que los cambios interanuales en los ingresos petroleros producidos por las variaciones de los precios internacionales del crudo. Las objeciones alarmistas, por lo tanto, están desinformadas o son deshonestas.
Se han sugerido varias posibles fuentes de financiamiento de este manejable desfase. Quizá la más publicitada ha sido la de enfrentar la evasión fiscal (alrededor de US$ 7 mil millones anuales), cobrar los impuestos que se le adeudan al estado (US$ 1984 millones, los quinientos mayores deudores), o eliminar algunas de las importantes exoneraciones fiscales (en 2021, US$ 6339 millones; US$ 714 millones solo a las personas naturales). También se han señalado las ganancias que podría generar una mejora en la eficiencia en la explotación de otros campos petroleros de la propia Petroecuador (US$ 800 millones al año), o las del aprovechamiento del gas que se desprende de los pozos petroleros, que ahora se quema (US$ 400 millones al año).
Ahora que se renegocian tanto las concesiones de las empresas de telefonía celular como la del oleoducto de crudos pesados, se señala la oportunidad de mejorar las condiciones de estos contratos, una vez que las grandes inversiones iniciales ya han sido amortizadas. La opción del turismo como alternativa al extractivismo también ha sido analizada con seriedad, por ejemplo, en el compendio de estudios La osadía de lo nuevo, publicado por la fundación Rosa Luxemburgo en 2015.
Todas estas propuestas son válidas y hay que explorarlas. Yo aquí, además, quisiera llamar la atención sobre otras dos vías de financiamiento que, aparte de no haber sido suficientemente exploradas, tienen relación directa con la utilización del petróleo, y muestran lo contradictorio e ideológico de algunas objeciones a dejar el petróleo en tierra. La primera es el restablecimiento del “impuesto verde” que fue eliminado en 2019. La segunda, que será tratada en una próxima entrega, el hacer frente con seriedad al elefante en la sala que son los subsidios a los combustibles.
Recordemos en qué consistía el llamado impuesto verde. Se estableció en 2012; tasaba a los automóviles de un cilindraje mayor a 1500 centímetros cúbicos de uso particular no productivo. Su propósito explícito era disminuir la contaminación ambiental (estudios han constatado que un vehículo utilitario, o SUV, produce en promedio 14% más emisiones que un sedán y consume 20% más combustible). Sin embargo, el propósito de fondo era contrarrestar en algo el impacto fiscal de los subsidios a los combustibles sin necesidad de mencionar este tema tabú. Además pretendía apuntalar la balanza de pagos que ya se veía afectada por el agresivo aumento de las importaciones. Tenía otras virtudes. Era un impuesto fácil de cobrar, y progresivo, es decir, dirigido a quienes más dinero tienen. En la práctica, era una forma indirecta de focalización del subsidio a los combustibles.
En el ámbito del urbanismo y de lo que se ha dado en llamar el metabolismo social también traía repercusiones positivas. Ayudaba a frenar la tendencia en los últimos años hacia un parque de automóviles cada vez más grandes. Las importaciones de vehículos sobredimensionados (SUV, camionetas grandes y todoterrenos) pasaron de ser el 39% en la década de los noventa al 53% en los últimos diez años, a pesar de que cuestan el doble que los sedanes. Los autos grandes (y la proliferación de autos en general) vuelven a las ciudades menos eficientes. El mayor espacio que necesitan hacen a las ciudades menos competitiva; incrementan el costo de las viviendas, de los negocios y de la infraestructura, y favorecen la expansión de las ciudades hacia las periferias, este último, un factor que compromete la viabilidad económica y energética de las ciudades ecuatorianas en el futuro mediato.
Los autos grandes vuelven al espacio público más hostil y peligroso para otros usuarios. Un auto grande tiene mayor probabilidad de atropellar a un peatón, y en caso de atropellamiento, es de dos a tres veces más letal que un sedán, una consideración no banal en un país donde los accidentes viales son la primera causa de muerte entre niños y jóvenes.
En términos de su contribución directa al fisco, que es lo que aquí nos concierne, en sus ocho años de vigencia el impuesto verde generó US$ 111 millones de dólares anuales en promedio. Esto, a pesar de que como paliativo al impacto inicial de su implementación se aplicaban descuentos de hasta el 80% de su valor.
Desde 2019, año en que se lo eliminó, el impuesto iba a ser cobrado en su totalidad a los carros de más de 2500 centímetros cúbicos. A pesar de que los objetivos del impuesto eran disuasivos, no recaudatorios, se esperaba que su contribución al fisco sobrepase con seguridad los entre US$ 148 millones y $US 241 millones que aportaría el ITT. Y si cumplía con cabalidad su objetivo y su recaudación se volvía cero (en el extremo imposible de que desaparezcan los carros grandes), las eficiencias, los ahorros y mejoras en salud pública que hubiera generado compensarían estas cifras con holgura.
Al impuesto verde se lo eliminó cuando recién iba a funcionar a cabalidad, recordémoslo, después de una campaña orquestada por la industria automotriz, las cámaras patronales de las principales ciudades y un reducido pero bullicioso grupo de aficionados a los todoterreno. Se lo hizo con argumentos populistas y falaces (como que afectaba a los vehículos de trabajo, cuando estos estaban explícitamente excluidos, o que no había cumplido su función ambiental porque lo recaudado no se reinvertía en temas ambientales).
Sin ningún sustento técnico, en 2019 la asamblea nacional derogó el tributo. Uno de los proponentes de la derogación fue el asambleísta Fabricio Villamar, quien luego fue destituido por utilizar un carné de discapacidad fraudulento para ahorrarse US$ 20 mil de impuestos en la importación de una enorme camioneta Toyota Tacuma. Varios de los asambleístas que votaron sobre el tema o sus cónyuges también fueron señalados por actos de corrupción similares.
Pero el ejemplo del impuesto verde no nos es útil solo para mostrar que existen alternativas para financiar a los recursos que se dejen de percibir del ITT (en el dudoso caso de que su explotación, incorporados todos los costos, resulte con balance positivo). También nos sirve para tasar la integridad de las objeciones que evocan la preocupación por la salud fiscal como argumento. ¿Qué dijeron algunos de los más vociferantes opositores a la consulta cuando se eliminó esta fuente ya existente de ingresos para el fisco, que además traía otros efectos beneficiosos consigo? Algunos, nada. Entonces no les preocupaba un posible descalabro fiscal. Otros, notorios entre ellos las cámaras patronales y los economistas ortodoxos, fueron impulsores de la campaña que llevó a la eliminación del impuesto, como ahora lo son de la campaña por el NO en la consulta del Yasuní ITT.
A pesar de que los montos fiscales son similares, las posiciones frente al impacto fiscal muestran diferencias radicales. Por ejemplo, la cámara de Comercio de Guayaquil hace poco emitió un comunicado en el que considera que la consulta conlleva “un dilema multimillonario y de múltiples repercusiones” que “tiene el potencial de modificar el futuro económico del Ecuador”, pues “el siguiente gobierno enfrentará desafíos fiscales significativos”. En 2019, su presidente de entonces, Pablo Arosemena, opinaba esto del impuesto verde: “Es un impuesto dañino y ya había perdido su razón de ser”. Roberto Aspiazu, dirigente empresarial y columnista de un diario guayaquileño, que consideraba al impuesto "marketing pintado de verde” cuyo “fin último es la recaudación de dinero para financiar la enorme maquinaria de gasto público actual”, hoy piensa que la “necedad ITT/Yasuni” agravará “el desfinanciamiento endémico del sector público”, “una suerte de suicidio político-económico”.
El gurú económico Walter Spurier, a quien hay como citar ampliamente pues desde mayo casi no hay una de sus columnas semanales que no sea sobre el Yasuní ITT o no lo trate aunque sea de forma tangencial, también considera a la consulta una “necedad” y un “suicidio asistido”, que marcará “el fin de una era”, la salida de la dolarización y traerá “el colapso de la economía nacional y empobrecimiento generalizado”. Sobre el impuesto verde, opinaba lo siguiente: “El impuesto a los vehículos, más que anticontaminante, es redistributivo; más que verde ambientalista, es rosa socialista”.
Pudiéramos adscribir estas contradictorias actitudes ante una reducción similar de ingresos fiscales a la aversión ideológica (e interesada) que las clases empresariales ecuatorianas tienen a los impuestos, sin importar su naturaleza o pertinencia. Sin embargo, también se puede dilucidar otro sistema de pensamiento, más coherente, menos circunstancial, que es prevalente entre nuestros empresarios y nuestras clases medias. En 2013, la cámara de Industrias de Guayaquil puso a un lado sus diferencias con el socialismo del siglo XXI, y publicó un comunicado de respaldo a la decisión presidencial de explotar el Yasuní ITT pues proveería de recursos para el desarrollo del país. Solo dos años antes, Francisco Alarcón, en su condición de presidente encargado de dicha cámara, explicaba por qué rechazaban el impuesto verde: “El petróleo está dejando ganancias al país, entonces si no hay problemas fiscales no entendemos para qué hay necesidad de extraerle al sector privado más dinero”. El expolio de los territorios amazónicos y la exterminación de los pueblos no contactados, para permitirnos circular en nuestros cuatro por cuatro sin necesidad de hacernos cargo de lo que en realidad eso cuesta. Es la economía rentista y sacrificial de la que hemos hecho nuestro modus vivendi durante las últimas décadas y que podemos empezar a desmantelar el domingo, votando SÍ a dejar ese petróleo bajo tierra.
