A inicios de año, el gobierno nacional declaró a la minería ilegal como amenaza a la seguridad del estado. También dispuso que las fuerzas armadas y policiales sean garantes del funcionamiento de las concesiones legales ante la creciente resistencia local. A la vez y como corolario, se insinúa que esa resistencia es cómplice de la minería ilegal y que será tratada en los mismos términos. Esta oposición entre una minería buena y otra mala es parte de una estructurada estrategia propagandística de la alianza público-privada que, en su esencia, es el estado minero. El argumento es que solo el establecimiento de la minería “responsable” mantendrá a raya la proliferación de la minería informal, que sin remedio se enraizará allí donde existan recursos sin explotar.
En algo es precisa esta versión estatal-empresarial: la minería ilegal es devastadora para el ambiente y amenaza la seguridad al fortalecer al crimen organizado. Como alerta el programa Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP) con información de la fundación Ecociencia, la minería ilegal no respeta territorios indígenas, áreas protegidas, riberas de ríos ni fuentes de agua.
Lo que no está tan clara es la frontera entre la minería ilegal y la “legal”; peor aún que el fortalecimiento de esta última sea la solución para la creciente criminalidad y el recrudecimiento de conflictos. Al contrario, es la llegada de la gran minería la que ha creado condiciones para la explosión de la minería informal: a través de creación de mercados, o del acceso a equipos e información (por no hablar de la destrucción de los sistemas económicos y sociales existentes y la proscripción de otras actividades económicas).
Por otro lado, la minería formal tiene una tenue legalidad desde su génesis. No por nada la OECD declaró a la actividad extractiva (minería y petróleo) como la industria más corrupta (y corruptora) del mundo. El dolo inicia en su misma racionalidad, que se sustenta en una contabilidad fraudulenta que contempla solo los beneficios monetarios a corto plazo —usualmente inflándolos— y deja por fuera todos los pasivos sociales y ambientales que si se contabilizaran, desnudarían el tamaño del absurdo extractivista. La opacidad continúa durante el levantamiento de capitales en las permisivas bolsas canadienses por parte de empresas fantasmas de todo el mundo a partir de dudosos estimativos de reservas concesionadas en el Ecuador. Esas concesiones, a su vez, están plagadas de irregularidades: desacato del mandato minero constitucional de 2008, sobornos, desprecio por la existencia de áreas protegidas y territorios indígenas, licencias otorgadas sin estudios de impacto ambiental o estudios a la medida, utilización de cartografía fraudulenta, incumplimiento del requisito de consulta previa, etcétera, etcétera. Bástenos con constatar que al menos siete ministros de Energía y Recursos Naturales (y un número indeterminado de sus subalternos directos) desde 2006, bajo tres distintos presidentes, han estado presos, prófugos o judicializados por casos de corrupción.
Cuando las comunidades afectadas han buscado contener estos abusos a través de mecanismos institucionalizados —amparos constitucionales, acciones judiciales, consultas populares, apoyo a candidatos con agendas ambientales— estos caminos pacíficos y legales han sido sistemáticamente bloqueados desde el estado extractivista con prácticas arbitrarias, represoras o de plano corruptas (el ejemplo más conocido es el fraude comprobado en torno a las firmas para la consulta por el Yasuní ITT, pero los casos abundan, incluidas las dudas no aclaradas sobre un posible fraude electoral contra el candidato presidencial opuesto a la minería en 2021). En los raros casos en que prosperaron, las decisiones judiciales o consultas populares han sido burladas con impunidad por las empresas. La impunidad también reina en los cada vez más frecuentes asesinatos de comuneros, campesinos y activistas opuestos a la minería. El más reciente fue Eduardo Mendúa, líder cofán de Dureno asesinado el 27 de febrero (su hermano Lino fue asesinado hace dos años). Pero la lista se alarga: María Taant, indígena shuar; Andrés Durazno, opuesto al proyecto Río Blanco, Alba Bermeo, en Molleturo... Todo esto exacerba los conflictos inherentes a la minería a gran escala, quita legitimidad al estado en todos los territorios afectados y criminaliza a la resistencia legítima.
Ya establecida, la minería se convierte en un actor supralegal en los territorios donde opera. No existe ni la capacidad, ni la malicia, ni la voluntad del estado por controlar sus actividades. Un caso que debería encender las alarmas es el reciente informe de la Organización de Estados Americanos sobre lavado de oro ilícito en Ecuador. En él se señala que la exportación de oro aumentó en el país en 28 000% entre 2015 y 2019, año en que exportamos ¡el cuádruple que Perú y Colombia combinados! El destino del 99% del oro exportado es China. Lo curioso es que mientras Ecuador reporta US$ 77 millones exportados a ese país, China ha recibido US$ 339 millones de oro ecuatoriano, más del cuádruple. Comentaristas y autoridades señalan esto como evidencia del aumento de la minería informal de oro en Ecuador y el contrabando de oro peruano. Nadie parece querer percatarse que este aumento coincide con el comienzo de la exportación de millones de toneladas de mena de cobre sin refinar de los primeros megaproyectos mineros controlados por empresas chinas. Es una práctica usual en las operaciones de las grandes mineras en países de instituciones débiles subfacturar las exportaciones, y un reporte de las Naciones Unidas encontró que los países en desarrollo que analizó perdían hasta el 67% del valor de las materias primas exportadas por la subfacturación. Parece plausible que el oro “extra” que está entrando a China se les esté colando en las piedras “de cobre” que les enviamos, pero no lo sabemos. No hay ni los mecanismos ni el interés para averiguarlo.
En definitiva, cuando se habla de “minería ilegal” la gente se imagina a actores marginales en zonas alejadas con suficiente sagacidad para burlar los controles del estado. En realidad, la minería ilegal tiene estrecha relación con las concesiones “legales”. Por ejemplo en Napo, donde según MAAP en los siete años entre 2015 y 2021 las áreas con actividad minera se incrementaron en 855 hectáreas (300% de crecimiento), solo el 17% (145 hectáreas) de este incremento se encuentra fuera de áreas concesionadas a actividades mineras. Es decir, por un lado, la gran mayoría de la destrucción se desarrolla en concesiones legales. Pero además muchas de estas concesiones “legales” son operadas informalmente, incluso con el auspicio de los concesionarios para así evitar el cumplimiento de regulaciones, como habría sido el caso en el río Yutzupino. Y en lugar de actores marginales, quienes suelen estar involucrados son diputados, prefectos, militares y funcionarios de las agencias mineras estatales o de las empresas mineras. En Yantzaza y Yutzupino, para dar dos ejemplos de muchos, la minería ilegal se desarrollaba con retroexcavadoras de los gobiernos locales o pertenecientes a prefectos. Es en este escenario en que los límites entre el crimen emprendedor y el estado mafioso se difuminan, que se invoca la utilización de las fuerzas armadas para proteger los intereses de empresas extranjeras frente a las resistencias locales. ¿A quién se le podría ocurrir que esta es una receta adecuada para resolver la creciente conflictividad y violencia en el país? Parece más adecuado que el estado —o lo que quede de funcional en él— vele por el fortalecimiento y legitimación de las vías institucionales para resolver los conflictos mineros y garantice el cumplimiento de consultas, salvaguardas y derechos, aunque pongan en riesgo los intereses de las empresas transnacionales. Todo lo contrario de lo que viene ocurriendo. (Andrés Vallejo)
