La explotación petrolera en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (bloque ITT), en el parque nacional Yasuní, es, quizá, el tema ambiental que más atención mediática ha captado. Yasuní es hogar de una excepcional biodiversidad, de los únicos pueblos no contactados del Ecuador y de gran parte de la nacionalidad waorani. Al mismo tiempo, está sometida a explotación petrolera desde hace décadas, la extracción ilegal de madera abunda, es un laboratorio de investigación científica y un apetecido destino turístico.
En la última consulta popular (febrero de 2018), 68% de los votantes respondió que sí a la expansión de la zona intangible Tagaeri-Taromenane en al menos 50 mil hectáreas y a la reducción del área de explotación petrolera en Yasuní a trescientas hectáreas. Sin embargo, un reciente estudio del proyecto MAAP, de Amazon Conservation, determinó que esta barrera ya ha sido superada. Esta investigación estima en más de 650 hectáreas el área afectada por la construcción de plataformas petroleras y dos carreteras –incluida aquella que el discurso oficial calificó como “sendero ecológico”– que se adentran hacia el Yasuní desde el río Napo. Este cálculo incluye 57,3 hectáreas deforestadas directamente, pero al evaluar los efectos de borde causados por la deforestación, la cifra se multiplica. Por efecto de borde se entiende a los impactos que provoca un área deforestada en el bosque adyacente; por ejemplo, cambios en la vegetación, microclima y en las comunidades de fauna. Si a estas estimaciones le sumamos la deforestación previa asociada a la explotación petrolera en Yasuní, el total superaría las mil hectáreas.
Hay un antecedente importante a este estudio. En 2018, el Colectivo de Geografía Crítica y la asociación de líderes comunitarios Ángel Shingri demandaron que el área afectada por deforestación y ruido para entonces superaba las 590 hectáreas. Vale recordar que la explotación petrolera en Yasuní no está confinada al ITT (bloque 43), sino que incluye el bloque 31, cuya explotación supera las tres décadas. Esta demanda fue acogida y reforzada por la Defensoría del Pueblo, quien además determinó que en el Yasuní no se utiliza la tecnología de punta que el estado ofreció y que fue una condición para la aprobación por parte de la asamblea nacional.
A diferencia de otras áreas naturales, Yasuní tiene la atención de la opinión pública y las autoridades de control. Aun así, los acuerdos y las exigencias legales se siguen pasando por alto.
