El plástico se ha convertido en uno de los materiales más abundantes y ubicuos del planeta. Apenas un 9 % de los 6 mil millones de residuos plásticos que se han producido ha sido reciclado; el 79 % se ha acumulado en vertederos y en la naturaleza. La afectación que causan al ser humano y a los ecosistemas es cada vez mayor, toda vez que un plástico puede tardar entre cien y mil años en descomponerse, y luego perdura como microplástico en el ambiente por milenios. El mayor receptor de plásticos es el mar; la mitad de los que llegan allí son plásticos de un solo uso, productos desechables: botellas de agua, envoltorios de comida, bolsas de supermercado, sorbetes, vajillas y empaques de poliestireno (espuma flex).
En Ecuador, el crecimiento de la clase media, la ética consumista y la cultura desechable han significado un importante aumento de desechos. Así, en Quito, se ha pasado de, en 1998, producir 1450 toneladas de desechos cada día (de las que 6 % correspondía a plásticos), a cerca de 2400 toneladas en la actualidad, donde 277 (12 %) son de plástico.
Frente a la notoria acumulación de plásticos en playas y quebradas y la sobrecarga de los sistemas de gestión de desechos de las ciudades, en el país se han propuesto algunas medidas. Así, en mayo de este año el entonces ministro del Ambiente, Marcelo Mata, se reunió con más de cien alcaldes; firmaron un memorando donde se comprometían a empezar a debatir y adoptar ordenanzas para regular el uso de desechables. Ese mismo mes, el consejo metropolitano de Quito resolvió declarar prioritaria la aprobación de una ordenanza que prohíba los desechables plásticos a partir de 2023 (además de declarar a las dependencias municipales libres de desechables).
Ya antes de estas solemnes declaraciones hubieron iniciativas concretas de control. En Guayaquil, por ejemplo, en 2018 el municipio planteó eliminar 5 % de los productos plásticos en un período de tres años. Un año después, solo se ha prohibido el uso de sorbetes y se espera reducir el consumo de espuma flex. En Galápagos se restringieron sorbetes, fundas, espuma flex y botellas no retornables, también el año pasado.
Sin embargo, la pocas propuestas no contemplan planes de implementación, han demorado más de lo programado y no tocan a los mayores contribuyentes: las botellas plásticas y los empaques de los alimentos industriales. En contraste, se anuncian múltiples “campañas de concienciación”, que en este tema han demostrado ser poco efectivas. Al mismo tiempo, en el último paquete económico se acaba de reducir el arancel a las resinas para producir plástico en un 50 %, incentivando así su producción. Es decir, muchos gestos solemnes y pocas políticas coherentes. Ahora el gobierno contempla poner un impuesto de US$ 0,10 a cada funda, lo que tendría efectos positivos concretos, pero aún está por verse si podrá ser aprobado en la asamblea.
