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no. 115
septiembre octubre 2018
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Carta del editor
Los animales dentro de la selva buscan ser invisibles. Para que un bicho sobreviva en medios tan implacables tiene que saber esconserse bien. Y quienes se alimentan de ese bicho tienen que idearse maneras de neutralizar esa capacidad para pasar desapercibido. El artículo de Juan Freile explica las fascinantes estrategias que han desarrollado las aves que se alimentan de insectos –los magos indiscutidos del camuflaje– para encontrarlos. Estas estrategias van desde la cooperación entre distintas especies para hacer más eficiente la búsqueda de presas, hasta elaboradas relaciones ecológicas como las que tienen algunas especies de aves con las hormigas legionarias. Estas aves acompañan a las enérgicas columnas de legionarias que asolan todo a su paso. Los bichos, amenazados por la acometida, emprenden la huída que los delata para el beneficio de las aves perseguidoras.
Nuestro siguiente artículo también tiene relación con la visibilidad / invisibilidad. En Perú, como en los demás países andinos, la modernidad estuvo relacionada con el blanqueamiento de la población. Al indio se lo veía como un elemento que había que superar, ya sea por el genocidio, el aculturamiento o la educación occidental, o una combinación de los tres métodos. La fotografía contribuyó a este proyecto racista, al crear imágenes donde el indio no aparecía o bien era una figura idealizada o miserable. En medio de este ideario surgió el protagonista de nuestra reseña, Martín Chambi, un campesino kichwa que el destino tranformaría en un dotado fotógrafo. Sus imágenes visibilizarían al indígena cotidiano y lo establecerían en el corazón de la peruanidad.
De igual forma, el reportaje de María Fernanda Mejía recorre museos y colecciones en busca de representaciones que también suelen pasar desapercibidas: aquellas figuras precolombinas con formas de animales. Si bien son abundantes y bastante conocidas, poca atención se ha puesto a su relación con la fauna actual, por ejemplo. ¿Se puede establecer de qué especie se trata determinada escultura? ¿Qué significado tenía para su creador? ¿Qué nos puede decir sobre la pasada abundancia o importancia social del organismo representado? Seguro que usted, querido lector, al leer el texto podrá ensayar sus propias e interesantes teorías al respecto.
Este es un espacio de diálogo. Envía tus opiniones o noticias a ecuadorterraincognita@yahoo.com. Por espacio o claridad, las cartas pueden ser editadas.
Quimsacocha y democracia
Celebro que ETI, a través del artículo de Daisy Masapanta (114), dé a conocer la lucha que desde los páramos del Azuay están librando las comunidades y, por otro lado, las preocupaciones ambientales y sociales que surjen por el embate megaminero que enfrenta Ecuador. Las concesiones mineras a gran escala, a cielo abierto o para minería subterránea, implican enormes afectaciones en estos ámbitos. De especial cuidado es el agua, que es el elemento fundamental para la vida y a la vez constituye la vía más efectiva para la propagación de la contaminación.
Nuestra constitución brinda una protección especial a la naturaleza, garantizándole el derecho a que “se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. La gran industria minera que se pretende instalar a la fuerza en Ecuador prevé la modificación de cursos de agua como, por ejemplo, en el proyecto Mirador en Zamora Chinchipe. ¿Modificar el curso del río Tundayme de qué manera respeta su existencia, estructura o funciones? Algo parecido ocurre en páramos y otros ecosistemas frágiles.
La concesión de millones de hectáreas desde un escritorio ministerial a favor de los intereses de una determinada empresa no toma en cuenta las realidades particulares, como la de Bolívar Quezada y su comunidad, que han sufrido y solucionado gracias a su trabajo la escasez del líquido vital, como describe el artículo.
En términos legales, como señala la autora, las consultas populares son de obligatorio e inmediato cumplimiento (artículo 106 de la constitución). Esto tiene relación con los criterios de participación que emanan de la constitución, que brindan a los ciudadanos un papel protagónico en la toma de decisiones de interés público a través de la democracia directa y comunitaria (artículo 95).
En Azuay, una de las provincias más afectadas por el masivo concesionamiento minero (junto a Imbabura, Zamora Chinchipe y Morona Santiago) se plantea realizar una consulta popular provincial para prohibir la minería metálica en su jurisdicción. Por su parte, el municipio del cantón azuayo Ponce Enríquez ya ha indicado que convocará a una consulta para ratificar su apoyo a la minería, y amenaza incluso con “cambiarse de provincia”. Casos como este avisoran un Ecuador a las puertas de una confrontación constitucional para dirimir si se respetan los pronunciamientos ciudadanos respecto a temas mineros, en el que se enfrentarán derechos contra intereses monetarios.
Por otro lado, la norma máxima también prevé otro tipo de consulta: la consulta ambiental a las comunidades (artículo 398). Sin embargo, esta carece de una adecuada regulación; al ser un derecho, debería ser tratada mediante una ley orgánica. En la práctica, ninguna de las leyes que podrían hacerlo –la de Participación Ciudadana, la de Minería o el código orgánico Ambiental– determinan la temporalidad, los sujetos consultados, los criterios de valoración o el peso de la objeción a una actividad sometida a consulta. De hecho, la normativa secundaria (reglamentos y acuerdos ministeriales) hacen insustancial el mandato constitucional, al establecer que la opinión ciudadana será tomada en cuenta solo cuando hacerlo sea técnica y económicamente viable (sin especificar quién o cómo determinará si lo es).
En casi todos los proyectos mineros en el país se han realizado procesos de participación social que, de conformidad con la normativa vigente, comprendían audiencias; presentaciones públicas; reuniones informativas; asambleas; mesas ampliadas; foros públicos de diálogo; talleres de información, capacitación y socialización ambiental; campañas de difusión y sensibilización; comisiones ciudadanas asesoras y veedurías de gestión ambiental; mecanismos de información pública; reparto de documentación; página web; centro de información pública, que en ningún caso comprenden o implican el ejercicio del derecho de consulta que ordena la constitución.
Fred Larreátegui, Quito
