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entre mareas
El manglar nuestro de cada día
De cómo la defensa organizada por parte de sus usuarios y un cambio de paradigma en la visión gubernamental pueden significar buenas noticias para este vapuleado ecosistema.
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por Juan Freile*
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–¡Prefiera la concha! –me dice doña Carmelina al pie del mar. –El camarón nos ha traído es puritas desgracias–. Procuro defender mi apetito por el crustáceo en el ceviche de mi plato. –No piense acá– dice apuntándose al estómago –piense con la cabeza, con el corazón–.
Hasta entonces no había sentido remordimiento alguno al servirme uno de los ingredientes más exquisitos de la diversa gastronomía ecuatoriana, pero basta poner atención a sus efectos en el manglar como ecosistema para comprender una situación social y ambiental que afecta a miles de personas.
El manglar como ecosistema
Empecemos adentrándonos en la maraña de ramas y raíces que constituyen el manglar. Pronto notamos que es un ecosistema muy peculiar. Para empezar, es el único bosque que se desarrolla sobre suelos lodosos y salinos en estuarios, canales, lagunas, islas e islotes a la vera del mar. Aunque no es tan diverso como los bosques lluviosos o nublados, su flora y fauna son únicas, con adaptaciones para una vida mitad terrestre y mitad marina. Así, las raíces de los mangles (hay cinco especies en el país) tienen complejos sistemas para “ultra-filtrar” nutrientes del agua del mar y deshacerse de la sal. Paralelamente, un sinfín de invertebrados merodea entre estas raíces y en el espeso lodo que les sirve de sustento.
El manglar es domicilio, huerta y fonda para muchas aves marinas, iguanas, el apremiado cocodrilo de la Costa, algunos mamíferos y, dato importante, para decenas de especies de peces que usan al manglar como colegio para sus crías. De él salen listas para la riesgosa vida adulta en el océano. Y claro, el manglar es vital para miles de personas, como veremos después.
Las funciones que cumple el manglar parecen ratificar que “la naturaleza rara vez se equivoca”. Su sola presencia disminuye el tremendo poder erosivo del mar y filtra el salífero aire marino, purificándolo en su camino tierra adentro. Si a esto lo vemos desde el interés humano, pues la cosa se pone alhaja. Por ser filtro de sedimentos y almohada de erosión permite la existencia de buenas tierras agrícolas en sus vecindades, al tiempo que amortigua la arrolladora fuerza del mar cuando se encabrita, menguando marejadas y atajando ventarrones. Todo esto sin sumar todavía la generosa provisión de alimentos.
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El prolífico manglar, sus salvaguardas legales y un peliagudo conflicto
Un millón y medio de usufructuarios directos o indirectos del manglar no pueden estar equivocados. Este generoso ecosistema les brinda carnada para la pesca, cangrejos, conchas, almejas y jaibas, madera para leña, carbón o construcción, colorantes, fibras, inciensos, tinturas, forraje, abonos verdes y miel... Los usuarios ancestrales del manglar dominan milenarias técnicas de aprovechamiento aprendidas y perfeccionadas desde los tiempos de las culturas Jambelí, Manteña, Valdivia, Puná, Tolita o Coaque.
Una hectárea de manglar, me explica Frank Navarrete, de la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CODEM), tranquilamente mantiene a unas diez familias de pescadores-recolectores. Esta posibilidad de sustento se repite en las seis principales zonas mangleras del país donde está (o estaba) el 99% del manglar ecuatoriano: Cayapas-Mataje, estuario del río Muisne, estuario del río Cojimíes, estuario del río Chone, golfo de Guayaquil y archipiélago de Jambelí.
¿Estaba? Como veremos, las al menos 203 mil y pico hectáreas de manglar que  alguna vez tapizaron la línea costera (otros estimados hablan de 363 mil) fueron dando paso –a frenético ritmo de buldócer– a la industria camaronera que en los ochenta era rampante y prometedora. En aquellos años, los usuarios por legado del manglar se toparon con la promoción oficial de este uso “moderno” de lo que había sido su hogar. Un país ávido de divisas vio en el cultivo del camarón un parche para el boom petrolero que se desinflaba. Para 1987 el Ecuador era ya el primer exportador mundial del crustáceo. En 1998, el año más próspero para el sector, los ingresos ascendieron a 875 millones de dólares. Más tarde se vería que estos cambios no fueron tan buen negocio para todos.
A diferencia de los concheros, cangrejeros, carboneros y pescadores, estos nuevos “usuarios” no precisaban del manglar; al contrario, tenían que deshacerse de él. Así, las imágenes de CLIRSEN indican que para 1991 se habían perdido al menos 41 mil hectáreas de las que habían en 1969. Los últimos datos, de 2006, reportan la existencia de 147 mil hectáreas de manglar, una pérdida de al menos un tercio de la cobertura original, tomando en cuenta los estimados más conservadores. En estuarios puntuales, la situación es más dramática; en Cojimíes se ha perdido el 79% del manglar y en el río Chone el 76% (ver mapa).
Esta historia no sobresaldría de la nutrida saga de deterioro ambiental en el país, si no fuera por el marco legal en que aconteció. Ya para los sesenta se consideraba al manglar bien público, mientras en 1978 se expedía un “Decreto Supremo” que prohibía remplazarlo por camaroneras. Luego, hacia 1981, entra a formar parte del “Patrimonio Forestal del Estado” y se prohíbe su explotación y tala en 1985. En 1987 se inscriben 363 mil hectáreas de manglar como bosques protectores (¡aunque para ese entonces ya no existía tal extensión!).
Al mismo ritmo que la expedición de instrumentos legales para preservar al manglar se expandía el espejo de agua de las camaroneras. En otras palabras, crecía a ilegal contracorriente, ya que la adjudicación, venta, concesión e incluso explotación del manglar estaban (y están) vedadas. El sector camaronero consiguió la adjudicación de vastas extensiones de manglar haciéndolas pasar por zonas de uso agrícola; así logró la entrega de escrituras públicas por parte del obsequioso Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), en detrimento del patrimonio público.
Hacia fin de siglo, el presidente Mahuad promulgaba las leyes Trole I y II, en las que se planteaban concesiones hasta por noventa años, e inclusive la venta de manglares y playas a los camaroneros ilegalmente asentados. Entretanto, empezaba a escasear la concha prieta y otros recursos de subsistencia; en tan solo cuatro años, la cantidad colectada de concha bajó a menos de la mitad. La pérdida de recursos de subsistencia desplazó a la gente hacia las grandes urbes, pues el empleo pregonado por las camaroneras nunca equipararía lo que daba el manglar. Varias agrupaciones comunitarias, asociaciones de pescadores y otras organizaciones de base empezaron a ejercer presión –tanto en las calles como en las cortes– para que el gobierno frene la arremetida camaronera. Inclusive se llegó a la destrucción organizada de camaroneras. Al poco tiempo, un decreto ejecutivo ponía de manifiesto la voluntad del gobierno de otorgar Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Manglar a sus usuarios tradicionales, y ya en el año 2000 se definieron los requisitos técnicos y legales para hacerlo.
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Lo que no habían logrado tiempito atrás las autoinflingidas epidemias virales que casi voltean a la industria, parecía lograrse ahora: detener el avance de la frontera camaronera, la máxima aspiración de unas 120 organizaciones agrupadas en la C-CONDEM. En numerosas comunidades se habrá celebrado con dos cervezas y un suculento ceviche de conchas.
Uso y custodia del manglar
Los mangleros habían conseguido, además, su segundo cometido: recuperar (y legalizar) el derecho de uso ancestral de su ecosistema. Según la C-CONDEM, la cosa empezó tras la presión social, cuando a mediados del año 2000 las asociaciones artesanales de productores, recolectores, extractores y pescadores de Tambillo, El Viento, 18 de Octubre, La Barca, Luchando por San Antonio y Palma Real recibieron esos derechos. Y ha seguido avanzando, despacio pero avanzando, enfatiza Navarrete. En los primeros dos años de acuerdos de uso y custodia se logró salvaguardar más de 13 mil hectáreas en Esmeraldas, casi novecientas en El Oro y 4 800 en Guayas y Santa Elena. Además, la autoridad ambiental declaró a los manglares del estuario de Muisne como refugio de vida silvestre, emocionando a la gente manglera de la Fundación de Defensa Ecológica de Muisne (FUNDECOL), pionera en la defensa de este ecosistema.
Manuel Bravo, ex viceministro de Ambiente, quien ha estado impulsando las concesiones comunitarias desde hace más de una década, destaca el papel del proyecto PATRA en la iniciación del reconocimiento a los usuarios en ese entonces, así como el impulso del Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC) y del actual gobierno a que se consolide el esquema (ver recuadro). Inclusive recuerda la oposición inicial de organizaciones como C-CONDEM o FUNDECOL a las concesiones a los usuarios, ya que ellos promulgaban otros regímenes de manejo.
Lo importante es que ahora son ya 34 mil hectáreas de manglar otorgadas a cuarenta asociaciones aledañas. Las concesiones van desde las doce hectáreas de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Punta del Faro Jambelí, en El Oro, hasta las 3 394 hectáreas de la Asociación de Usuarios del Manglar Cerritos de los Morreños, en el golfo de Guayaquil. Para entrar al programa es necesario que los usuarios se organicen y presenten planes de manejo, levantamientos planimétricos y convenios de asistencia técnica con otras organizaciones.
Los logros de estos acuerdos para el buen manejo de los recursos del manglar son evidentes para muchos. Sin embargo, un detractor del programa, que  prefirió mantenerse anónimo, teme que otorgar los derechos a los mangleros derive en la sobreexplotación. Dice tener evidencia de la invasión de recolectores de otras zonas hacia los sectores concesionados. –¡Nada que ver!– subraya Frank –para eso están los planes de manejo, pues hermano–. Como parte de los mismos, las asociaciones estructuran vedas estacionales, por tallas o por sexos, como aplica la asociación 6 de Julio para el cangrejo rojo. A decir de esta asociación, la cantidad de cangrejo colectada ha mejorado; entre 2000 y 2006, el cangrejeo creció casi al doble y los cangrejos salen más parejos. Su sistema de vedas (en enero-febrero y agosto-septiembre de cada año) ha permitido la recuperación de las poblaciones, mientras la prohibición de cosechar hembras ha favorecido su estabilidad. Además, el patrullaje y control de acceso a las 560 hectáreas que custodian, complicada al principio por la presencia de impíos piratas en el golfo, ha logrado desalojar a cangrejeros ilegales, a sancionar a los socios que se brincan el plan de manejo y a evitar la extracción, también ilegal, de madera.
El Ministerio de Ambiente da cuenta de otros beneficios: para la 6 de Julio, el acuerdo de uso y custodia les ha valido el reconocimiento en su región como defensores del manglar. También han podido conseguir proyectos para reforestación, pesca con trasmallo o cosecha de jaibas que de otra manera no habrían llegado. Algo similar está sucediendo en La Puntilla, Costa Rica, Bajo Alto, Cerrito de los Morreños...
No todo ha sido color de rosa, explica Navarrete. Las concesiones han provocado conflictos con comunidades vecinas que no cuentan con acuerdos de uso o con recolectores desorganizados venidos de otras partes, y esta es una tarea pendiente para la C-CONDEM. Una evaluación del Ministerio del Ambiente y otras entidades en 2008 concuerda en que hay todavía algunos aprietos y deficiencias. Varios planes de manejo no se han ejecutado en su totalidad (otros no se han implementado en lo absoluto); la mayoría de concesionarios desconocía el contenido de los acuerdos y ninguna de las asociaciones encuestadas había entregado los reportes semestrales obligatorios. Las razones: desconocimiento, falta de recursos, escaso apoyo técnico y dificultad para comprender el lenguaje de los planes de manejo.
Afortunadamente, en lo que a la subsistencia del ecosistema manglar se refiere, el reporte es alentador. Salvo una concesión –las escasas trece hectáreas de la Punta Jambelí– los manglares se han mantenido casi íntegros.
Por otra parte, el reporte señala que, fruto de las medidas voluntarias de control  en el marco de los acuerdos, se han incrementado el número de conchas o cangrejos que se capturan. A más del ejemplo citado de 6 de Julio, los concheros de Costa Rica encontraron que el manglar manejado arrojaba entre cincuenta y cien conchas más cada día que las zonas sin manejo. Al tiempo, otras concesiones diversificaron sus fuentes de ingreso, alternando entre la cosecha de dos recursos distintos para favorecer la recuperación de las poblaciones.
En definitiva, existe un consenso más o menos generalizado sobre el beneficio de los acuerdos entre el estado y los usuarios ancestrales del manglar, tanto para ellos como para la situación de este ecosistema. Así lo reconocen capitanías de puertos, federaciones de recolectores, el PMRC, la C-CONDEM, algunas subsecretarías de estado, ministerios y segmentos de la sociedad civil. Más importante, también lo hacen las propias asociaciones y comunidades concesionarias. Mas el éxito de programas como estos no depende solo de las organizaciones beneficiarias o con vinculación directa con la temática. Nuestra vigilancia –y hasta la educación de nuestro apetito de acuerdo a los preceptos de la mente y del corazón– pueden hacer mucho en favor del manglar
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*Juan Freile es biólogo y agroecólogo asociado a la Red de Guardianes de Semillas, la Fundación Numashir y la comuna Tola Chica. jfreile@yahoo.com
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Enlaces de interés:
Información útil sobre el manglar
Información sobre la industria camaronera
Informe sobre los impactos de la acuicultura
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