El acuerdo ministerial 162 del 24 de noviembre de 2009 pretende ordenar, regular, controlar, zonificar e investigar las actividades de la flota de arrastre en el país. Importantes como son estos objetivos, existen limitantes de operatividad, conocimientos y recursos para su cabal aplicación, comprometiendo su posible efectividad en reducir los impactos que viene causando esta pesquería por más de sesenta años.
El acuerdo no es suficiente para solucionar el problema. Lo que realmente se necesita es decidir que se desea eliminar la pesca con redes de arrastre, mas no la pesca de camarón en alta mar. Al mismo tiempo, hay que evaluar los parámetros sociales y económicos que permitan ejecutar las medidas gradualmente, sin que quienes dependen directamente de esta actividad se vean afectados.
Se necesita una valoración de cuánto costaría eliminar la flota arrastrera, determinando su magnitud y las condiciones de los barcos que la conforman. Este costo podría reducirse si a estas embarcaciones se les da un uso alternativo dentro del sector pesquero; por ejemplo, buques madre para la pesca artesanal, manteniendo las mismas tripulaciones. Finalmente, asegurarse de que no se construyan más embarcaciones. La investigación de los impactos ambientales y su reparación son un siguiente paso.
