La ley minera
El 3 de enero se cumple el plazo para la aprobación del nuevo proyecto de ley de minería, presentado por el Presidente de la República a la Comisión Legislativa. A pesar de que el gobierno ofrece una ley que garantizará una minería responsable, el proyecto causó decepción entre movimientos sociales, indígenas y ambientalistas, quienes expresaron su oposición en las calles del país. Varios grupos han señalado inconstitucionalidades en algunos artículos, sobre todo en lo relativo a los derechos de la naturaleza y a la participación ciudadana en asuntos que afecten su bienestar. A su vez, el sector minero ha expresado su respaldo a la iniciativa gubernamental.
Contrastando con la retórica oficial y con la publicidad del sector minero, los graves impactos ambientales y sociales de la minería industrial no han sido resueltos en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, la nueva ley no puede apoyarse en supuestos quiméricos como el de “minería sustentable”, como lo hace, sino especificar mecanismos que garanticen un nuevo marco de hacer (o no hacer) minería. En ese sentido, el ex presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, cuestiona a la ley porque, entre muchos otros motivos, la considera poco innovadora y violatoria del espíritu del Mandato Minero. Es decir, el texto del proyecto habla de una minería “ambientalmente responsable”, sin señalar cómo llegar a ella ni garantizar que ese precepto se cumpla.
Haciendo una revisión comparativa del proyecto de ley, se destacan las similitudes con la situación jurídica de la minería en Canadá, país sede de varias empresas concesionarias. En ambos casos se considera a la minería como una actividad prioritaria, es decir, como si fuera el mejor uso de la tierra. Además, prevalece sobre los derechos de comunidades indígenas, y tiene un sistema de “entrada libre” que no discrimina a empresas que han causado daño ambiental en el pasado.
¿Precederá a la aprobación de la ley la profunda reflexión que amerita la magnitud del tema? ¿Primará en su aprobación el sesudo balance entre los beneficios de la actividad minera y los costos –muchos de los cuales son impredecibles e inconmensurables–, o será guiada por el desarrollismo ciego que ha caracterizado la política de recursos naturales en el país? Los ciudadanos debemos estar vigilantes de que el resultado esté acorde con la constitución potencialmente transformadora que acabamos de aprobar (Marisol Ayala).
