| Entre todos los discursos de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, celebrada en 2002 en Suráfrica, destacó, y sorprendió a la audiencia, el del ex presidente ecuatoriano Gustavo Noboa. Su anuncio fue que, junto con los líderes de Colombia, Panamá y Costa Rica, se comprometían a buscar mecanismos para lograr la conservación y desarrollo sustentable de las áreas marinas de sus naciones en torno a algunas islas. En un tiempo en el cual lo que más hace falta es la cooperación voluntaria, tal proclama fue ejemplar y alentadora.
La iniciativa quedó en el ámbito conceptual hasta abril de 2004, cuando los cuatro países suscribieron la Declaración de San José. Allí reiteraron su compromiso de iniciar la implementación de lo que se llamó el Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical. Con esto, la región se situaba en la vanguardia de las propuestas de manejo de ecosistemas marinos: mientras el concepto de áreas marinas protegidas es conocido, sean de protección absoluta o de uso múltiple, la idea de corredores marinos es extraordinariamente innovadora.
En la Declaración de San José se establecieron objetivos hacia los cuales los países apuntarán a través de una acción coordinada y voluntaria, sin renunciar de modo alguno a su soberanía. Algunos son la protección de especies de importancia para la conservación y con valor económico, el fortalecimiento de las áreas marinas protegidas, la cooperación entre instituciones y actores relevantes, y el fomento de la participación de todos los sectores. También se enfatizó en la necesidad de consolidar alianzas entre gobiernos y organizaciones internacionales gubernamentales, no gubernamentales, agencias multilaterales, otros países y actores relevantes, para propiciar un espacio de diálogo, concertación y gestión conjunta. Además, se exhortó a la comunidad internacional, estatal y privada, a proveer recursos adicionales para apoyar las actividades y objetivos del corredor marino. Tal ayuda no demoró: en menos de un año se movilizaron más de 40 organizaciones y se consiguieron más de 10 millones de dólares para establecer redes de expertos en investigación, técnicos y administradores de las áreas marinas protegidas, operadores y expertos en turismo, expertos legales y especialistas en comunicación.
La propuesta de un corredor marino tiene varias justificaciones. Por un lado, los espacios marinos y costeros no han recibido ni de lejos la atención otorgada a los terrestres, lo cual sorprende, pues casi la mitad de la población mundial vive cerca del mar y depende en gran medida de sus productos, de las oportunidades económicas que provee, y de sus servicios ambientales (generación de oxigeno, captura de carbono, protección contra tempestades por sistemas de manglares y arrecifes). Por otro lado, además de ser abundante, la biodiversidad de la región es única, hecho ratificado por la UNESCO con la declaración de nada menos que cuatro Sitios Patrimonio de la Humanidad: Galápagos en Ecuador, la isla Coiba en Panamá, la isla del Coco en Costa Rica y recientemente la isla Malpelo en Colombia.
Esta naturaleza es-pectacular atrae una gran cantidad de turistas; de hecho, las islas Coco, Malpelo y Galápagos son considerados paraísos mundiales del buceo con tiburones. Sólo Galápagos sirve como puerta de entrada para más de 100 mil turistas cada año, que también descubren y dan fama a otros sitios en el Ecuador continental.
Además, si hay una palabra que abarca el carácter de las aguas de los cuatro países, ésta es “conectividad”. En términos ecológicos, especies de importancia para la pesca industrial, como los atunes o el dorado, son migratorias. También lo son animales en peligro de extinción como ballenas y tortugas marinas, y otros seriamente sobreexplotados a escala mundial, como los tiburones. Así como el plancton y zooplancton, incluyendo larvas de especies de importancia económica, que se mueven en grandes masas por un océano sin fronteras. Todos estos organismos entran y salen de las áreas marinas protegidas de la región, en desplazamientos que recuerdan los famosos movimientos de mamíferos de la sabana africana.
Finalmente, la declaración del corredor marino fue justificada porque, contrario a lo que siempre se ha asumido, la riqueza marina es limitada y vulnerable. En sitios como Galápagos, la explotación humana, las especies invasoras y la destrucción de los hábitats, no sólo ha ocasionado la extinción de razas de tortugas gigantes, pequeños mamíferos, iguanas, pinzones y gavilanes, entre otros animales terrestres; además, se ha ocasionado una reducción drástica de ballenas y lobos peleteros, y han desaparecido peces, algas, una estrella de mar y más del 90% de corales. Pese a que la causa principal de estas extinciones probablemente esté en los eventos El Niño en su manifestación más fuerte, nadie duda que reducciones drásticas como las de langostas y pepinos de mar sean resultado de su sobreexplotación. La demanda global por mariscos y pescado, las modernas técnicas de captura y la posibilidad de transportar mercadería a casi cualquier lugar del mundo están llevando a los ecosistemas marinos cada vez más cerca de su punto de quiebre. Y también resulta preocupante la hipótesis de que, tanto a escala regional como global, estas amenazas humanas, al interactuar con otras como el cambio climático, podrían limitar la capacidad de recuperación de especies y ecosistemas marinos afectados.
A pesar de que la iniciativa del corredor marino es de implementación voluntaria, y que reconoce la soberanía de cada país, ha habido una fuerte presión interna para que el Ecuador se retire. Tal oposición ha venido principalmente del sector pesquero industrial: desde allí se apunta como una de sus razones principales para oponerse el no haber sido consultados antes de la declaración. Con este argumento, los representantes de la mayor flota pesquera de la región se han negado a participar. Esta oposición también está basada en su cuestionamiento a la creación de la Reserva Marina de Galápagos, donde desde 1998 se excluyó la pesca industrial en una distancia de 40 millas de las islas, dejando un área de uso múltiple para el turismo, la pesca artesanal y la conservación. Con semejante antecedente, resulta difícil que el sector pesquero crea que el corredor marino no plantea la exclusión de la pesca industrial ni la creación de una gran área marina protegida, y que lo que se busca es fortalecer el manejo del mar a través de la cooperación entre naciones, con la participación activa de –y en beneficio de–, todos los sectores, de acuerdo con los mecanismos y convenciones existentes.
En octubre de 2006, el Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero exigió al gobierno del ex presidente Alfredo Palacio retirarse de la iniciativa. Éste, en cambio, pidió un diálogo para debatir los costos y beneficios para el país y para aclarar los alcances del corredor marino. La responsabilidad de este debate ha quedado en manos del nuevo gobierno, mientras que los gobiernos de Colombia, Costa Rica y Panamá, los donantes y los actores sociales que se han involucrado, cruzan los dedos para que el Ecuador retome el liderazgo en la iniciativa visionaria que él mismo lanzó.
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