Los
ojos del mundo están puestos sobre el
Ecuador. Pero ¿qué razón
extraña existe para que despertemos tanto
interés? La prensa internacional en grandes
titulares indica: “Ecuador: siga paso
a paso el juicio del siglo”, o “el
juicio de la historia”. Nos preguntamos
¿qué de oculto tiene este juicio,
para que los reporteros de numerosos medios
de comunicación de todo el mundo se hayan
instalado en la sala de la sencilla corte de
Lago Agrio, en la Amazonía ecuatoriana?
Las razones son simples y las circunstancias
complejas. Setenta y tres aguerridos miembros
de diversas comunidades amazónicas huaoranis,
sionas, secoyas, e incluso colonos, demandan
a nombre de su gente que la compañía
Chevron-Texaco, limpie los daños ambientales
e indemnice los problemas de salud pública
generados a raíz de la explotación
petrolera.
Chevron-Texaco asegura que por su parte no adeuda
nada, puesto que en 1998, el propio Gobierno
Nacional del Ecuador le eximió de toda
culpa. Además, en la época en
la que operó la compañía
no existían leyes ecuatorianas que amparen
lo que hoy por hoy demandan los amazónicos.
Entonces, pretenden que PetroEcuador, nuestra
empresa estatal de petróleos, pague la
cuenta. A primera vista, alcanzamos a leer que
la justicia ecuatoriana tiene todas las de perder
frente al gigante petrolero.
Ecuador es el primer país en América
Latina con una oportunidad histórica
para sentar precedentes ante el abuso de las
compañías petroleras transnacionales.
Esta es la primera vez que una compañía
de petróleos es forzada por una corte
de su propio país, a ser juzgada por
la justicia latinoamericana.
Un
poco de historia...
La empresa petrolera Texaco es
considerada la segunda más grande de
EE.UU. y la quinta en el mundo. Fue constituida
en 1901 en el estado de Texas y opera en más
de 180 países de Asia, Europa, Medio
Oriente, Estados Unidos, Canadá, América
Latina, el Caribe y el este de África.
En 2001 Texaco y Chevron Corporation anunciaron
su fusión: la Chevron-Texaco Corporation.
En el Ecuador, Texaco Petroleum Company, subsidiaria
de Texaco, inició sus operaciones en
1964. Estas duraron treinta años, durante
los cuales la compañía se ligó
en consorcio con la Corporación Estatal
Petrolera Ecuatoriana (CEPE), la mayor accionista
del consorcio, que en 1989 se convirtió
en PetroEcuador.
Al término de la participación
de la compañía extranjera, ésta
inició un programa de reparación
por un monto de $40 millones de dólares
durante varios años para asegurarse de
que no quedasen rastros del impacto ambiental.
El Gobierno de Ecuador aprobó el trabajo
de reparación y eximió a Texaco
Petroleum de otras demandas y obligaciones.
En los últimos 13 años, Petroecuador
ha sido el único operador de estos campos
petrolíferos.
Ha pasado ya una década desde que los
pobladores de nuestra Amazonía iniciaron
un proceso judicial en las cortes estadounidenses
para tratar de probar la existencia de daños
ambientales y, por ende, a la salud pública,
producidos, según los demandantes, por
la participación de Texaco Petroleum
en consorcio con PetroEcuador.
La compañía estadounidense solicitó
a la corte desechar la demanda por falta de
méritos técnicos y de procedimientos.
Los abogados de los demandantes utilizaron los
medios de difusión masiva y el Internet
para promover una acción judicial y realizar
alegatos contra Texaco ahora convertida en Chevron-Texaco.
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el artículo completo en la edición
No 27
de ECUADOR TERRA
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