Acogidos al derecho constitucional a ser consultados sobre los temas que nos conciernan (artículo 104), en septiembre de 2021 una agrupación de diversos colectivos ciudadanos pidió a la corte Constitucional que emita el necesario dictamen previo a una consulta popular. La consulta procura evitar la explotación minera en las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la mancomunidad del Chocó Andino. En enero de 2022, la corte dictaminó que la consulta es procedente. Ahora, los ciudadanos deberán recoger las 200 mil firmas necesarias para solicitar al consejo Nacional Electoral la realización de la consulta.
La consulta popular, que involucraría a la población del distrito metropolitano de Quito, plantea cuatro preguntas relacionadas a la explotación minera artesanal, de pequeña, mediana y gran escala en el territorio de la mancomunidad. En él habitan 18 mil personas, la mayoría dedicada a la agricultura, ganadería, turismo y conservación. También abarca cinco áreas protegidas por el subsistema metropolitano de áreas protegidas de Quito, que juntas cubren más de 164 mil hectáreas. El conflicto surge de que, en este mismo territorio, hay al menos dieciocho concesiones mineras que ocupan unas 28 mil hectáreas.
La mancomunidad del Chocó Andino es ampliamente reconocida por albergar una elevada biodiversidad en los bosques y remanentes que la cubren en un 60 %. Estos bosques dan origen a incontables riachuelos que alimentan a la cuenca del río Esmeraldas y favorecen la productividad agrícola (café, maíz, cacao, caña de azúcar, frutas tropicales y más). Además, brindan variados servicios ambientales para las poblaciones de sus alrededores y de la cuenca del Esmeraldas, incluidas la regulación climática, captura de carbono, provisión de agua potable y el caudal para generación eléctrica en Manduriacu. Y al haber sido hogar de la cultura prehispánica Yumbo, existen más de trescientos sitios arqueológicos inventariados en el área. Por todo esto, la mancomunidad forma el núcleo de la reserva de biosfera Chocó Andino, reconocida por la UNESCO en julio de 2018.
En caso de que la población quiteña decida erradicar la minería del noroccidente del distrito, el municipio de Quito deberá incorporar la prohibición en su plan de ordenamiento territorial y plan de uso del suelo. Por su parte, el ministerio de Minería y la agencia de Regulación y Control Minero deberán abstenerse de emitir nuevas concesiones mineras y extinguir las existentes.
Si requieres más información, saber cómo involucrarte o dónde firmar, puedes consultar www.quitosinmineria.com
