Aunque la extracción petrolera todavía significa el 36 % de las exportaciones del Ecuador, una reciente noticia que amenaza trastocar las bases de esta actividad pasó –como suele suceder con los derrames– casi desapercibida para los medios. A principios de este año tres de los principales financistas del negocio petrolero en el país –los bancos Credit Suisse, BNP Paribas e ING– anunciaron que dejarían de conceder créditos para las actividades petroleras en la Amazonía ecuatoriana. El impacto en las perspectivas de continuar siendo un país petrolero podría ser considerable: los tres bancos han financiado más del 50 % del comercio petrolero nacional en los últimos años. Si se suma el aporte de las siguientes tres instituciones que más prestan –Natixis, Rabobank y UBS–, la participación llega al 85 %, y estas ya han dado señales de que podrían seguir el mismo camino.
Al tomar estas medidas, los portavoces de los bancos citaron un informe de Amazon Watch y Stand.earth en el que estas organizaciones contrastaban el grandilocuente discurso de sostenibilidad de las instituciones financieras con su participación en las industrias extractivas en la Amazonía. En la versión oficial, los bancos estarían buscando honrar sus compromisos ambientales corporativos. Sin embargo, la movida se alinea con una tendencia general del gran capital financiero a desinvertir en combustibles fósiles. Ya se comprende que para evitar un calentamiento atmosférico catastrófico, hay que dejar bajo tierra al menos dos tercios de las reservas conocidas de carbón, gas y petróleo, y que tener las apuestas en ellas significa un enorme riesgo financiero. La decisión de estos bancos sigue los anuncios de desinversión de muchos fondos de pensión de importantes universidades y ciudades del mundo, corriente a la que poco a poco se suman los grandes fondos de inversiones.
El riesgo es, ahora, que el negocio petrolero en el país busque otras fuentes de financiamiento a través del endeudamiento público o, más grave, a través de la inversión de las pensiones de todos los ecuatorianos acumuladas en los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, comprometiéndolas, por lo que hay que permanecer vigilantes.
