Hace ya algunos meses la prensa se vio salpicada por titulares referentes a los violentos enfrentamientos alrededor del predio El Pambilar en la provincia de Esmeraldas. Tanto la compañía maderera Botrosa como las comunidades campesinas río Ónzole y Ecuador Libre aportaron con sus muertos, desaparecidos y epítetos altisonantes a abonar los titulares para que éstos se abran campo entre las tupidas selvas de escándalos que pueblan los rotativos.

Importante como es la denuncia de la violencia por parte de los medios, el tema de la deforestación no puede ser tratado exclusivamente alrededor de problemas como el del Pambilar. Primero, porque los conflictos de tierra, y el caso en cuestión es principalmente eso, no agotan el tema y solamente son uno de los aspectos de su dinámica. Segundo, cualquiera que sea el desenlace de este conflicto, los procesos que están arrasando con los bosques de Esmeraldas seguirán incólumes. Si los campesinos obtienen las tierras seguramente harán lo que saben hacer: reemplazarán los bosques por sistemas agropecuarios precarios que solo perpetúan los ciclos de pobreza, los mismos que incluyen la venta de la madera a precios irrisorios precisamente a las empresas con las que se disputan la tierra. Si las madereras se hacen cargo, lo más probable es que se establezcan plantaciones forestales que en nada se parecen a los bosques tropicales y, que en lo esencial, no son muy diferentes a cualquier otro sistema de monocultivo, con un similar esquema de explotación concentrador y excluyente y los mismos problemas ambientales. Por último, si las tierras quedan como Patrimonio Forestal del Estado (porque de lo poco claro que hay en este asunto, es que El Pambilar está dentro de dicho patrimonio), lo más seguro es que la corrupción o las presiones políticas terminen entregándolo ya sea a invasores de tierras o a las mismas empresas madereras.

La solución de la deforestación requiere una discusión mucho más profunda. La problemática incluye aspectos sociales, económicos y políticos, y exige la revisión de nuestros patrones de consumo e, inclusive, de los objetivos de desarrollo del país.

El problema

A pesar de su complejidad, algo ya se conoce acerca de la deforestación en la provincia de Esmeraldas. Sabemos, por ejemplo, que en Esmeraldas cada año se destruyen de 10 mil a 25 mil hectáreas de bosque primario, es decir del 2 al 5% de todos los bosques que quedan en la provincia, o, para utilizar una ilustración común, el equivalente a un campo de fútbol por día. Alarmantes como son estas cifras, no son sino la última fase de un proceso que empezó a principios del siglo XX con la expansión del estado ecuatoriano hacia las tierras bajas de la Costa, inicialmente relacionada con el boom cacaotero y que luego continuó con la propagación de los cultivos de banano. La aparición de la industria camaronera en los ochenta extendió la debacle a los estuarios. Como consecuencia de estos procesos, encontramos que actualmente quedan alrededor del 5% de los bosques de la Costa y menos del 40% de los manglares originales. Estas frías estadísticas se vuelven dramáticas si recordamos que se trataba de bosques con altísimos números de especies únicas en la Tierra, en el primer caso y que, en ambos casos, eran el hogar y la base del sustento para miles de familias.

A diferencia de lo ocurrido en el resto de la Costa y de lo comúnmente encontrado en América Latina, la deforestación en Esmeraldas se explica por la extracción industrial de madera más que por la expansión de la frontera agrícola. Según Rodrigo Sierra, desde 1983 a 1993, en el noroccidente se despejaron 86.100 hectáreas de bosques naturales, de las que el 70% es responsabilidad de la industria maderera. Asímismo, es significativo que el mayor destinatario de esa madera fue el mercado nacional. Esto podría estar cambiando. El colapso de las fuentes tradicionales de madera para el mercado internacional –los bosques de África y del sureste asiático– y la apertura de las vías Ibarra-San Lorenzo y Borbón-Mataje han incorporado nuevos actores a la dinámica.

De hecho, los cambios ya se han venido dando. En 1993 se exportaban 13,8 millones de dólares en madera rolliza. En 1995 esa cifra se transformó en 31 millones de dólares, es decir, creció un 125% en tan solo dos años. Actualmente se exportan alrededor de 100 millones de dólares. Según muchos sectores, este cambio vino impulsado desde el propio Instituto Ecuatoriano de Vida Silvestre y Áreas Naturales (INEFAN), organismo que entre 1992 y1996 tuvo como director ejecutivo a Jorge Barba, quien tiene estrechas relaciones personales con miembros de la industria maderera.

Uno de los nuevos actores en el área, las transnacionales madereras, también está relacionado con este aumento de la demanda internacional. La Mitsubishi, según Newsweek considerada la empresa más negativa para el medio ambiente mundial (marzo 2001), financiará un proyecto para la siembra de 10 mil hectáreas de eucaliptos en Esmeraldas. Cómo se sabe, el eucalipto, originario de Australia, trae innumerables problemas ambientales en nuestro medio. Inexplicablemente, estas plantaciones destinadas a suministrar pulpa de papel a la mencionada compañía, son promovidas activamente por Rodolfo Rendón, ministro de Medio Ambiente.

Otro sector que ya ha puesto su ojo en las “tierras baldías” de Esmeraldas es el de los palmacultores. Debido a que en muchos casos conocen de antemano por donde pasará una carretera y debido a la necesidad apremiante de la gente local, adquieren tierras cubiertas de bosques a precios irrisorios. Tras la apertura de la carretera Borbón-Mataje, 130 familias de San Lorenzo ya se han acercado hasta el congreso para pedir que se les devuelvan sus tierras por considerar que fueron engañadas. Pero los conflictos no son únicamente con la población local. El ministerio de Medio Ambiente siguió un juicio a siete empresas palmacultoras por la tala ilegal de 4.500 hectáreas de bosque en el norte de Esmeraldas. Solo la empresa Palesema ha sido sancionada con 68 mil dólares. Cuatro empresas más han sido multadas con diez salarios mínimos vitales, a pesar de que un informe estima que los daños ascienden a 2 160 dólares por hectárea (Barrantes y Chaves 2000). En los otros casos, los juicios han sido anulados por errores administrativos o de ubicación del predio, o el Distrito Forestal de Esmeraldas ha absuelto a las empresas. Solo la impunidad explica la prepotencia con que operan estas personas. Aquí también es importante notar que una de las palmacultoras que agresivamente expande sus dominios en Esmeraldas, Ales, pertenece al grupo Álvarez Barba, al que también pertenecen las madereras Plywood, Codesa y Pelícano con un historial infame en esta provincia.

Tabla 1. Juicios seguidos por el Ministerio del Medio Ambiente por destrucción de bosques
Palmera de los Andes	Anulado debido a errores en la ubicación del predio
Palesema	Sancionado con US$68.000
Ecuafinca	Sentenciado con 10 salarios mínimos
Palmeras del Pacífico	Absuelto
Aiquisa	Sentenciado con 10 salarios mínimos
Agrícola San Lorenzo	Anulado por errores administrativos
Compañía Teobroma	Sentenciado con 10 salarios mínimos
Ales	Sentenciado con 10 salarios mínimos

Esta nueva configuración de actores en el norte de Esmeraldas se refleja en la tasa de deforestación. Entre 1983 y 1993 ésta era del 1,95% al año, mientras que de 1993 a 1998 fue del 2,7%. En los dos últimos años ha habido un descenso al 0,5%. El proyecto Care Subir lo atribuye a sus programas de manejo forestal comunitario, mientras que el Comité Ecuatoriano de Defensa del Medio Ambiente (CEDENMA), al sistema de Vigilancia Verde. Sin embargo, un componente indudable de esa disminución es el simple hecho de que ya no quedan muchos bosques que talar y las actividades se están trasladando a la Amazonía.

El papel de las empresas madereras

Cuando consultamos a Vladislav Quirola, de Botrosa, acerca del papel jugado por las empresas madereras en la deforestación, fue enfático en señalar las diferencias entre las empresas del grupo Durini y las demás empresas que operan en Esmeraldas. De hecho, las empresas Durini se empeñan en mostrar una imagen ambientalmente responsable a través de sus plantaciones y programas de manejo forestal sustentable. A raíz del conflicto de El Pambilar se inició una intensa campaña que incluía comunicados de prensa, recorridos organizados para periodistas, publi-reportajes, folletos y visitas a diputados y personas influyentes. La estrategia está encaminada a demostrar la sustentabilidad de sus actividades. Importante como es que, aunque sea tarde, se preocupen por estos temas, muchas de sus aseveraciones no soportan más que un somero escrutinio.

La contradicción más obvia se da al cruzar los datos de la producción que viene de plantaciones o de bosques naturales manejados con la producción total de madera. Tomemos el principal producto elaborado de exportación del sector: los contrachapados o plywood. Su producción total en el Ecuador es de 120 mil metros cúbicos. El total nacional de plantaciones es un poco más de 140 mil hectáreas (INEFAN 1995), de las cuales 73% corresponden a plantaciones de pinos y eucaliptos en la Sierra (COMAFORS 2001). Eso nos deja con un máximo de 38 mil hectáreas de plantaciones tropicales, de las que alrededor de 10 200 se destinan a suministrar materia prima para contrachapados. A la tasa de crecimiento de plantaciones ecuatoriales suministrado por la Organización de Agricultura y Alimentos (FAO), 10 metros cúbicos por hectárea por año, tendríamos 51 300 metros cúbicos de plywood proveniente de plantaciones. El rendimiento de los bosques naturales es mucho menor (de 1 a 3 metros cúbicos de plywood por hectárea). Es decir que, en el mejor de los casos, la mitad de la madera plywood producida en el país proviene de la depredación directa de bosques tropicales, y en los otros rubros la situación es similar.

Asímismo, en sus folletos empresariales el grupo Durini asevera que “se siembran cinco nuevas plantas por cada árbol aprovechado…Este esquema de reforestación supera ampliamente lo establecido por la ley” (énfasis añadido). Si en el caso anterior se nota al menos un error de cálculo, aquí se evidencia ya un afán de confundir a la opinión pública. El sector forestal sabe mejor que cualquiera que el porcentaje de árboles aprovechables en un bosque tropical es muy bajo. El que haya tantas especies también significa que habrán muy pocos individuos de cada especie, y esto también es válido para los árboles maderables. Muy diferente sería el resultado si se compararan los árboles sembrados con los árboles talados, y no con los aprovechados como mañosamente hacen los folletos. Además, como ya mencionamos anteriormente, lo que se siembran son plantaciones monoespecíficas que se presentan como si restituyeran los bosques originales.

Y así podríamos seguir. Los proyectos de manejo forestal con las comunidades en realidad han sido plagados de conflictos y coerciones, como en el caso de los convenios con las comunidades chachi de El Encanto. Las fotografías de bien manejadas parcelas experimentales contrastan con la devastación que se evidencia a lo largo de los ríos Santiago y Cayapas, de donde proviene mucha de la madera para la industria. Pero más bien pasemos a otra faceta de la sustentabilidad en la que las empresas dicen trabajar: la sustentabilidad social.

Como ya vimos, solo un bajo porcentaje de la madera procesada proviene de plantaciones y de bosques manejados. ¿Cuál es el mecanismo por el que las madereras subsanan este déficit? Según un estudio realizado por el proyecto Subir, las madereras se acercan a las comunidades y negocian la madera en pie, es decir, sin cortar. Los técnicos de la misma compañía hacen un estimativo de cuántos árboles aprovechables hay por hectárea y establecen el precio a pagar. El dueño del árbol recibe por él de cuatro a seis dólares, lo que transformado en plywood le significa a la compañía novecientos dólares en el mercado nacional. Este esquema extremadamente desigual también se refleja en las cuentas nacionales elaboradas por el Banco Central. En ellas se calcula la distribución de la “nueva riqueza” generada por una actividad entre quienes aportan el capital, quienes aportan el trabajo y el estado. En 1973, para el rubro “silvicultura, tala y corta”, las empresas captaban el 95,3% de lo generado por esta actividad, mientras los que trabajaban en ella, apenas el 3,4%. Lo que es peor, para 1995 la participación de las empresas aumenta al 98.4% a costa de la de los trabajadores que se reduce al 1.1%.

En resumidas cuentas, asistimos a una de las actividades más concentradoras de riqueza de toda la economía ecuatoriana, o como lo expresa el economista forestal Marcelo León, “al traspaso de riqueza del sector campesino al sector industrial”. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Según León, es producto de las políticas de industrialización sustitutiva que imperaron en el país desde los años cincuenta. Éstas consideraban al sector agrario, y en él al silvícola, solo como proveedores de materia prima, alimentos y mano de obra baratos al proceso de industrialización. Los esquemas proteccionistas engendraron una industria monopólica que, a través de mantener bajos los precios de la materia prima, desalentaron al sector silvícola. Los bajos precios, junto con las políticas de colonización del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) que promovían la tala, convirtieron al bosque en un estorbo para el campesino en lugar de en un recurso.

Esto en lo que tiene que ver con las comunidades posesionarias de la tierra. En otros casos en que las tierras eran propiedad del estado, las madereras tradicionalmente fomentaban la colonización a través de la construcción de vías de penetración y hasta proveían de motosierras a los campesinos, para luego implementar el esquema explicado anteriormente. Ante la inminente escasez de nuevos bosques, las empresas están empezando a acaparar tierras forestales. Solo desde 1996, el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) de Esmeraldas ha entregado cincuenta concesiones a las empresas Endesa y Botrosa, sumando 20 340 hectáreas, a pesar de que tanto la ley de Tierras Baldías y Colonización (art. 22) como la ley Forestal vigente (art. 25) prohiben expresamente la adjudicación de más de dos lotes a la misma persona natural. De hecho, el antiguo director del INDA, ingeniero Jorge Cevallos, fue removido de su cargo por denuncias en torno a adjudicaciones fraudulentas, entre las que se incluye la de El Pambilar, que ya está en proceso de anulación. Las denuncias han sido tan graves que han llevado al actual ministro de Agricultura, Galo Plaza Pallares, a manifestar que “el INDA ha sido una cueva de ladrones”. Precisamente es esa cueva la que ha servido de abrigo a los intereses de las empresas madereras y palmacultoras en la provincia de Esmeraldas.

Manejo Forestal Sustentable

La nueva ley Forestal pretende solucionar algunos de los problemas anteriormente mencionados. Esta ley es el producto de conversaciones entre dos sectores tradicionalmente antagonistas: la industria maderera y los grupos ambientalistas representados por el CEDENMA. El discurso que a posibilitado consenso, y sobre el cual se articula la nueva ley, es el del Manejo Forestal Sustentable (MFS).

Las madereras se adhieren al MFS por una doble motivación: asegurar el suministro de materia prima a largo plazo y las cada vez mayores exigencias ambientales del mercado internacional. Los ambientalistas, en cambio, adoptan este discurso para poder fungir de interlocutores válidos en un ámbito sancionado por un discurso desarrollista. Enhorabuena. Es importante encontrar puntos comunes que permitan el diálogo y la consecución de soluciones. Sin embargo, como lo expresan las mismas compañías madereras, “el MFS se define más como una filosofía que como el conjunto de técnicas y prácticas orientadas a perpetuar un recurso renovable.” Es decir, es más un manifiesto de buenas intenciones que un concepto sólido y probado.

De hecho, en el mundo no se conocen ejemplos de esquemas de MFS exitosos. Inclusive uno de los mayores promotores del MFS en el Ecuador, Marcelo León, es escéptico de los resultados si las condiciones actuales del mercado persisten: “con el esquema de explotación propuesto por el MFS más bien se reduce el valor del bosque para su dueño, porque se extrae menos madera pero se paga lo mismo”.

La propia industria maderera, a través de un estudio de la Corporación de Manejo Forestal Sustentable (COMAFORS 2001) reconoce las constricciones. Aunque todos los bosques no protegidos que quedaban en 1995 se manejaran sustentablemente, existiría un déficit de 2,44 millones de metros cúbicos de madera con respecto a la demanda de ese mismo año. De ese tiempo a esta parte la demanda a aumentado y los bosques han disminuido. La opción sería aumentar las plantaciones forestales, pero, ¿dónde? Según Luis Suárez, de Ecociencia, la nueva ley Forestal especifica que no habrá conversión de bosques naturales a plantaciones, pero por cuestiones de rentabilidad es muy dudoso que se las realice en tierras que ya estén siendo utilizadas para otras actividades productivas. Lo más seguro es que ocurra lo que hasta ahora: que éstas se desarrollen a expensas de páramos y áreas naturales. Peor aún si la tan esperada ley de Biodiversidad no se pone en vigencia, como dice Luis Suárez: “la ley Forestal es una ley de fomento y la ley de Biodiversidad es más de protección. Si solo llega la primera sin la segunda existirá un vacío que pondrá en peligro el patrimonio natural del país.”

No estamos en contra ni de la actividad forestal responsable ni de buscar su sustentabilidad. Simplemente señalamos los peligros que existen al apostar el futuro de los pocos bosques que le quedan al país a un concepto, si califica para ser llamado así, tan frágil como el MFS. ¿Qué pasará cuando no cuadren las cuentas? Ya podemos tener una idea. Según Vicente Pólit del CEDENMA, la tasa de aprovechamiento sustentable del bosque es un criterio técnico no susceptible de ser negociado políticamente. Para Pólit, las madereras evidencian un doble discurso cuando en sus folletos aseguran que extraen de seis a ocho árboles por hectárea cada viente años y, al mismo tiempo, promueven un reglamento que permite una tasa de doce árboles por hectárea aduciendo que de lo contrario el sector perderá competitividad.

El MFS es tan atractivo porque sugiere un escenario en el que todos ganan, pero en la realidad, no existen formulas mágicas. Si queremos conservar el bosque tendremos que consumir menos madera y pagar mejores precios por ella. Esto implicará sacrificios de parte de los consumidores, de las empresas y del estado. El “Ecuador Megadiverso” que promueven los ambientalistas y el “Ecuador Potencia Forestal” que promueven los madereros, quizás no sean compatibles

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